Cristina le puso un obstáculo en apariencias insalvable a la pretensión de Axel Kicillof. Imponer su reelección al aparato político que controlan La Cámpora y los intendentes del conurbano e inserto en su gestión después de las PASO de 2021. Al confirmar que no se postulará a ningún cargo, la vicepresidenta anuló el argumento principal para resistirse a ocupar la candidatura presidencial con la que vienen presionándolo desde el sector que lideran Máximo Kirchner y Martín Insaurralde. Esta semana volvió a quedar al desnudo el aislamiento político al que está sometido el gobernador.

Nadie del oficialismo respaldó el desdoblamiento electoral por decreto con el que volvió a amenazar para fortalecer la posibilidad de renovar su mandato en la provincia de Buenos Aires. Una alternativa que no cautivaría a Máximo ni a Insaurralde. El jefe del Gabinete bonaerense mantiene la expectativa de ser candidato a gobernador. Ninguno de los dos se dejó ver en el congreso del PJ reunido en el microestadio de Ferro que Cristina desairó con la carta difundida casi sobre su cierre. Gustavo Menéndez la había propuesto minutos antes como candidata a presidente: la teoría con la que insistió Kicillof en los días previos. El intendente de Merlo es vicepresidente del PJ bonaerense y uno de los más cercanos a Insaurralde. Anteayer viajó con Wado De Pedro a Catamarca. El ministro del Interior disputa la presidencia pero también las decisiones de poder dentro de La Cámpora con Máximo y Andrés “El cuervo” Larroque. Esa tensión tienta a los intendentes a sacar provecho de ellas.

“Sin Cristina en la boleta, La Cámpora vale menos para discutir lugares en las listas”, deslizó uno de ellos. En sus discretas visitas al conurbano, Máximo respalda a De Pedro y esboza alguna crítica sinuosa a Sergio Massa por reclamar ser el único candidato a presidente. Pero insiste sobre todo en mostrar a sus interlocutores el trabajo de Analogías que en mayo posiciona a Kicillof como el dirigente con mejor intención de voto del oficialismo.

Kicillof intenta evadir su soledad política refugiándose en la mesa de Ensenada. La cena mensual que organiza el intendente Mario Secco. De allí surgió la idea del acto del 25 de mayo para condicionar a Cristina y que acepte ser candidata a presidente. La vice será la oradora del encuentro que mudó su locación por temor a no garantizar una movilización significativa. Pasó de la avenida 9 de Julio a Plaza de Mayo. Secco advirtió a la Corte que “la harían volar en pedacitos” si no se deroga la inexistente proscripción a Cristina: una de las consignas de la convocatoria.

La vicepresidenta se anticipó con la carta supuesto clamor de ese día para que revea la decisión de declinar cualquier postulación. La aversión de Secco por la Justicia tiene cierta lógica. Desde 2019 se aguarda que el TOC N° 2 de La Plata disponga la fecha para celebrar el juicio oral y público por la causa donde está acusado de “coacción agravada”. Un delito no excarcelable.

En 2017, Secco copó la presidencia de la Cámara de Diputados en una sesión donde se discutía la derogación del régimen de privilegio a los jubilados del Bapro que la Corte bonaerense repuso hace un mes con una medida cautelar. Integrado por Silvia Hoerr y Claudio Bernard, el TOC N°2 también debe resolver si condena a Mariano Bruera por organizar un sistema de coimas mientras fue intendente de La Plata su hermano Pablo. En las especulaciones previas, sería absuelto.

La versión que relaciona al fallo con Julio Alak le daría relevancia política. El ministro de Justicia no tendría otro remedio que competir en La Plata contra el intendente Julio Garro. Un aparente castigo por haber contribuido en 2015 a su victoria sobre Bruera. A Alak se le atribuyen gestiones para acelerar la causa judicial contra Mariano. Probablemente sea un rumor malicioso. Pero demostrativo de las sanciones que puede aplicar el oficialismo a quienes desconozcan las reglas básicas de su funcionamiento.

¿La candidatura a presidente sería una reprimenda a Kicillof? El oficialismo desconfía de ganas las elecciones nacionales. Pero precisa de una figura que garantice el voto más fiel para mejorar una posición nada cómoda en la provincia de Buenos Aires. Un territorio donde, por otra parte, Kicillof no termina de hacer pie. Está rota su relación con la Legislatura que los intendentes y La Cámpora controlan a través de Federico Otermín y Verónica Magario. Máximas autoridades en la Cámara de Diputados y Senadores.

Kicillof vetó la semana pasada una cesión de tierras a la Universidad Nacional de Mar del Plata. Una medida que consolidó la coincidencia que el gobernador se encargó de instalar entre el oficialismo y la oposición el año pasado. Envió 44 pliegos al Senado para designar funcionarios del Poder Judicial pero desconociendo los que habían negociado los bloques del Frente de Todos y Juntos. Todas las miradas volvieron a posarse en Alak: la mayoría correspondía a cargos vacantes en La Plata.

El ministro de Justicia parece alejarse de su deseo. Cubrir una de las tres vacantes en la Corte bonaerense. Una carrera en la es superado por Lisandro Pellegrini, un estrecho colaborador de Alejandra Gils Carbó mientras fue Procuradora General y que ahora ocupa la subsecretaría de Política Criminal en la cartera conducida por Alak. Pellegrini y el ministro representan al Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, el organismo a cargo de seleccionar a quienes aspiran a ser jueces y fiscales.

Esa concordia tuvo otro refuerzo esta semana. El Bapro dejó en saldo negativo o al borde de estarlo las cuentas corrientes de unos 20 municipios durante largas horas en las que no pudieron hacer pagos ni emitir cheques por carecer de giros en descubierto por un error informático. Un error de débito tan igualitario como sugestivo. A excepción de Esteban Echeverría, gobernada por el disidente Fernando Gray, esa anomalía no afectó a municipios del conurbano gobernados por el oficialismo. Algo que sí ocurrió con los de Juntos: San Miguel, Tres de Febrero, Lanús y Vicente López.

En este clima la UCR tomó en serio la probabilidad de desdoblar las elecciones y le reclamó al gobernador reglas claras. Una sutil forma de llamar la atención al Pro sobre la feroz interna que libran sus dirigentes. El precario acuerdo para que haya solo un candidato por esa fuerza en la ciudad complica lo que el radicalismo viene reclamando: que ocurra lo mismo en la provincia de Buenos Aires.

Horacio Rodríguez Larreta rechaza compartir a Diego Santilli con Patricia Bullrich, lo que limita al diputado nacional al rol de un candidato sin voz ni voto. Es decir, sin interlocución con los dirigentes de los que depende para poder ser elegido. Rodríguez Larreta teme que los intendentes lo abandonen si cede a esa propuesta que Santilli insiste en negociar. No todos parecen dispuestos a esperar el resultado de esas gestiones. Garro habilitó su despacho bien entrada la noche del sábado para recibir a Patricia Bullrich.

Abad le exigió previsibilidad al gobernador en compañía de Alejandro Rabinovich. El jefe de los senadores en Juntos denunció en la Justicia Federal el sugestivo incremento del diez por ciento en el partido de Tordillo, el más pequeño de la provincia de Buenos Aires. Tordillo es gobernador por Alfredo Frías. Sustituye al intendente Héctor Olivera, que pidió licencia para ocupar la presidencia de la Autoridad del Agua Bonaerense (ADA). La sospecha es que procesos similares podrían repetirse en otras zonas. Particularmente del conurbano. Juntos excluye al gobernador de esas maniobras con el argumento que utilizan los intendentes para hostigarlo: “Su honestidad ofende.”