La víctima fue ejecutada de un balazo en el pecho. Carlos Walter Molina llegó a un departamento de Almagro convencido de que se iba a encontrar con Camila, una clienta, para concretar una operación de compra y venta de dólares. Pero la cita fue una trampa para robarle. Él se resistió. Lo golpearon y lo mataron. El crimen sucedió el 19 de noviembre de 2021. Hoy se dio a conocer la sentencia del juicio donde fueron juzgadas dos sospechosas: Julieta Lacivitta y Estefanía Romero.

Lacivitta, la falsa Camila, fue condenada a la pena de 14 años de prisión. Para el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N°12 fue ”autora material de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego”. Romero recibió una pena de cinco años de cárcel como “cómplice primaria” del asesinato. La investigación tiene un prófugo:  Eduardo Ajalla Cabrera, alias Calabaza, pareja de Romero.

“Seguimos firmes en el pedido de Justicia, queremos que encuentren al autor material, Ajalla Cabrera”, sostuvo a LA NACION María Belén Pérez Orue, pareja de la víctima, tras conocer la sentencia de los jueces Darío Medina, Claudia Moscato y Luis Márquez.

En su alegato, Darío Liurgo, abogado que representa a María Elba Cardozo, la madre de Molina, había solicitado la pena de 20 años de cárcel coautora del homicidio en ocasión de robo, y 15 años de prisión para Romero al considerarla como partícipe necesaria de un homicidio en ocasión de robo.

“Romero se vio beneficiada con una pena mínima, que al ser cumplida mediante arresto domiciliario, se torna simbólica cuando, sin su aporte, el homicidio no hubiese ocurrido”, sostuvo Liurgo tras el veredicto.

El Ministerio Público Fiscal, representado por Silvia Ramos, había pedido la pena 15 años de prisión para Lacivitta y de seis para Romero. Las defensas solicitaron las absoluciones.

A Molina, según la investigación del fiscal Marcelo Munilla Lacasa, lo asesinaron de un tiro en el pecho entre las 18 y las 18.08 del 19 de noviembre de 2021. Poco después de ser golpeado, en cuanto entró en el 10° C de Díaz Vélez 3758, y tras una breve pelea donde intentó defenderse y resistirse al robo, recibió el disparo mortal.

El representante del Ministerio Público dio por probadas las dos operaciones de compraventa de dólares que había admitido Lacivitta, a la que la víctima había conocido como “Camila”, una supuesta cliente. “Con las primeras transacciones se pretendió generar una confianza con Molina”, sostuvo, durante la instrucción de la causa, el juez Fernando Caunedo.

El 7 de junio del año pasado, un día antes de que Caunedo elevara parte de la causa a juicio, Lacivitta pidió ampliar su declaración indagatoria y “aceptó haber intervenido en el cambio de divisas con el fallecido Molina en las dos primeras oportunidades, pero negó su presencia en el departamento el 19 de noviembre de 2021″, según el expediente judicial, al que tuvo acceso LA NACION.

El abogado defensor de Lacivitta, Marcelo Augusto Mottura, había pedido el sobreseimiento de la imputada al considerar que “los argumentos esgrimidos y que hacen las veces de plexo probatorio incriminante efectuados por el Ministerio Publico Fiscal y la querella son por demás insuficientes y carecen, por ello, de la fuerza legal concomitante como para, por ello, elevar las presentes actuaciones a juicio”.

Pero el magistrado de primera instancia rechazó el planteo de la defensa. “En definitiva, la argumentación del nuevo defensor, respaldado en el descargo que tardíamente realizó su asistida en la indagatoria de ayer , mientras el proceso atravesaba la etapa intermedia y se había estimado completa la instrucción, no aporta argumentos nuevos que no hayan sido ponderados antes, y de ninguna manera acredita la inocencia de su asistida como para justificar el cierre anormal en esta etapa intermedia, cuando la fiscalía y la querella han requerido la discusión del caso en un juicio oral y público, etapa sustancial del proceso penal, de acuerdo a las previsiones del legislador, y hay sospecha bastante de la intervención de la imputada en las operaciones de cambio de divisas con Molina que, en la tercera oportunidad, culminaron con su violento deceso”, sostuvo el juez Caunedo.

La línea telefónica utilizada por los delincuentes para comunicarse con la víctima fue activada el 10 de noviembre pasado y se utilizó por última vez nueve días después, el día del crimen.

Tras la activación de la citada línea telefónica, Molina recibió un mensaje de una persona que se presentó como Camila y lo consultó sobre cómo se manejaba para la operación de compra y venta de dólares. El financista daba cuenta de su actividad en las redes sociales.

“Se determinó que Camila fue personificada por Lacivitta. Se constató que los audios eran enviados por ella, y que mantuvo diversas conversaciones por WhatsApp con Molina, donde pedía cotizaciones para cambiar dólares por pesos”, según el expediente judicial.

Para el fiscal Munilla Lacasa y los detectives de la Policía de la Ciudad, no siempre fue Lacivitta quien se comunicó con el financista. Cuando los mensajes eran escritos, existe la posibilidad de que Calabaza o su mujer hayan utilizado la línea telefónica.

“Ese teléfono activó la celda que se encuentra frente al domicilio que comparte la pareja y pudimos constatar un patrón de movimiento coincidente entre ese abonado y el automóvil que se usó como medio de transporte u apoyo durante el homicidio”, se afirmó en la causa judicial.

El auto en cuestión, un Peugeot 208 blanco, está a nombre de la mujer de Ajalla Cabrera y el ahora prófugo tenía autorización para conducirlo. Coincidentemente, el vehículo, durante los tres encuentros de Molina con la falsa Camila, estuvo estacionado cerca del edificio de avenida Díaz Vélez 3758.

En las comunicaciones previas al homicidio, Camila le anticipó al cambista que quería vender 15.000 dólares. Pero Molina prefirió hacer la operación en dos veces.

Los delincuentes “pactaron un último encuentro, en donde ya sabían que lo iban a desapoderar de la suma de dinero que llevara Molina y, por algún motivo, los que participaron de ese encuentro lo mataron. Luego descartaron el teléfono y la línea telefónica”, según consta en la causa judicial.