Menos de dos semanas después de que la Cámara de Diputados diera media sanción al proyecto que modifica las condiciones de los créditos ajustados por la unidad de valor adquisitivo (UVA), las asociaciones bancarias advierten sobre las consecuencias que podría tener la ley en el mercado financiero si prospera en el Senado.

“Más allá de las buenas intenciones, los efectos serán los contrarios a los buscados, como ya sucedió con la denominada Ley de Alquileres”, dijeron en un comunicado conjunto la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), que agrupan a las entidades bancarias nacionales e internacionales.

Después de meses de inactividad, el Congreso tuvo una sesión el pasado jueves 6 de julio, en donde se le dio media sanción a un proyecto que busca implementar un sistema integral de cobertura y promoción de créditos hipotecarios. Obtuvo 134 votos afirmativos (mayoritariamente del espacio oficialista y del radicalismo) y 40 en contra (los legisladores del Pro).

El punto que más controversia generó en los bancos es el que busca cambiar la fórmula de ajuste de las cuotas, para reemplazar la inflación por la remuneración imponible promedio de los trabajadores (Ripte).

“Es evidente que el sistema de créditos UVA funciona correctamente con niveles de inflación controlados. Sin una moneda estable es muy difícil que haya crédito a largo plazo. Intentar corregir el sistema, sin atacar el problema de la inflación, puede tener incentivos de corto plazo, pero en el largo, conspira contra el crédito hipotecario en el país”, dicen en el sector financiero.

En este sentido, comparan la intención del proyecto con la ley de alquileres, que fue impulsada para ayudar a los inquilinos y terminó generando el efecto contrario. “Un proyecto en apariencia benévolo con la sociedad, en el mediano plazo, termina empeorando la situación en lugar de mejorarla”, dijeron.

Previo a la media sanción del proyecto en la Cámara de Diputados, las asociaciones bancarias participaron de las comisiones técnicas y advirtieron que, si se cambiaban la variable de ajuste, se iba a afectar el futuro de los créditos hipotecarios, según reveló Claudio Cesario, presidente de ABA, a LA NACION. “Si se manipula la seguridad jurídica, se pierde la confianza y el inversor se corre”, dijo.

“No es necesario este proyecto. Es legislar para solucionar el problema de unos pocos, que los bancos en forma individual lo están haciendo. Cuando hay un caso de mora que se puede solucionar, los bancos buscan darle alivio con un plan de pagos. Nuestro negocio no es ejecutar créditos hipotecarios ni es un negocio inmobiliario. Queremos que el tomador del crédito lo pueda pagar y pueda cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma. Esto se le explicó a las comisiones y todos nos dijeron que lo entendían en privado, pero igual votaron a favor del proyecto, que es impulsado por algunos sectores”, dijo Cesario.

El presidente de ABA dijo que están “abiertos al diálogo”, para explicar a los bloques legislativos en forma individual que si “matan este instrumento, van a terminar agravando el déficit habitacional que sufre la Argentina”.

Los créditos UVA fueron instaurados y promovidos durante el gobierno de Mauricio Macri, de la mano de los dos principales bancos públicos del país: el Nación y el Provincia. La entonces gestión de Juntos por el Cambio buscó dar una alternativa a un problema que tiene la Argentina desde hace al menos 20 años, cuando la inflación y la devaluación de la moneda golpeó al mercado de créditos en general.

Sin embargo, el boom de los créditos UVA, que tenía como atractivo principal una baja barrera de acceso a los préstamos para la vivienda, duró hasta abril de 2018, cuando la crisis financiera y la brusca devaluación aceleró la inflación e hizo aumentar fuertemente las cuotas.

El sector bancario señala que el crédito hipotecario en la Argentina es bajo con relación a su PBI, ya que representa menos del 1% del producto. En la región, el ratio se ubica en torno al 8% del PBI y en algunos casos llega al 27%.

Hasta el año 2019, se otorgaron en el país aproximadamente 120.000 créditos hipotecarios UVA. De este total, quedan activos al momento alrededor de 105.000, de los cuales el 75% fue otorgado por la banca pública, explican en el sector financiero.

Pese a que en los últimos cinco años la inflación se aceleró, los créditos hipotecarios UVA presentan muy bajo nivel de morosidad, de entre 1,3 y 1,6%. En números redondos, son alrededor de 1500 tomadores del crédito que registran problemas para pagar su cuota.

Las asociaciones bancarias ABA y Adeba propusieron crear una unidad de cuenta hipotecaria y mantener la inflación como variable de ajuste. Al mismo tiempo, buscan crear un fondo compensador privado, que se nutra de la diferencia entre la variación de las UVA y los salarios (CVS), de manera de que los tomadores de crédito tengan una especie de “seguro” que los proteja en los períodos donde la inflación aumente sustancialmente por encima de los salarios.