Una consulta popular sobre la manera en la que el país debería actuar frente a la pérdida de miles de hectáreas de bosques nativos tuvo una respuesta contundente: el 99% de las más de 260.000 personas que participaron estuvieron a favor de que los desmontes en las áreas que están protegidas por ley sean castigados con penas de prisión. El sistema de multas vigente, como venía denunciando Greenpeace Argentina y coincidían desde la cartera ambiental, es insuficiente.

“Coincidimos en la necesidad de incrementar las sanciones en los incumplimientos de la ley N° 26.331 y en que la incorporación del delito penal por deforestación sería un avance en este sentido”, habían respondido a LA NACIÓN en febrero pasado desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

“Tenemos una muy buena ley de bosques que se está cumpliendo a medias”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace. “No podemos estar lamentándonos todos los años de que la deforestación siga avanzando: se redujo un poco con respecto del registro más alto en 2005, pero creció la ilegalidad”, describió al explicar a mediados de este año por qué la ONG ambientalista decidió abrir el problema a una consulta popular. Dejar que la población exprese si está de acuerdo o no con penalizar la destrucción ilegal de bosques.

El 99% de las 260.741 personas (podían participar mayores de 16 años) que expresaron su voto acá por el “sí” a la pregunta ¿Estás de acuerdo con que se establezcan penas de prisión para los responsables de desmontes ilegales e incendios forestales? Hubo 1774 votos por el “no”.

El próximo paso es entregar el resultado al Congreso Nacional para que, en su nueva conformación tras las próximas elecciones de este mes. Al cerrar la votación, este martes, 60 voluntarios exhibieron un cartel frente al Congreso con el resultado. “Es esperable que los legisladores lo tengan en cuenta. La destrucción de bosques nativos es un tema ambiental urgente”, dijo Noemí Cruz, cocoordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

En el último debate presidencial en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la protección del ambiente fue el segundo tema más votado por la ciudadanía entre las opciones que propuso la Cámara Nacional Electoral.

Nuestro país posee 536.545 km² de bosques nativos (un 19,2% de su superficie continental). Esos ecosistemas intervienen en la regulación hídrica, la formación y conservación de suelos y de la biodiversidad y la fijación de carbono, además de asegurar la provisión de alimentos, agua, fuentes de energía, materiales de construcción o medicinas. La ley N° 26.331 de protección de bosques delega desde 2007 en las provincias su clasificación de acuerdo con criterios de sustentabilidad ambiental. Hay tres categorías –roja, amarilla y verde–, según se pueda o no desmontar o modificar de alguna manera; en el caso de que así fuera, se debe recuperar.

La mayoría de esos ambientes, de acuerdo con el seguimiento de esas áreas protegidas, no se reforesta ni se restaura. “Son muy pocas las excepciones y un bosque tarda 40 años en recuperarse solo”, reiteran desde Greenpeace tras cada informe que difunden.

Las provincias deben actualizar ese ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN) cada cinco años. En la mayoría de las zonas forestales del país, ese ordenamiento indica que está prohibido el desmonte porque se encuentran dentro de una categoría roja o amarilla. Cuatro son las provincias que concentran la mayor pérdida de esos ambientes –Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta–, como coinciden los reportes de Greenpeace y el Ministerio de Ambiente nacional.

“Es hora de que se de este debate a partir de un tema urgente: cada día que pasa estamos en peor situación, sobre todo en el norte donde queda el área de bosques protegidos más importante del país”, agregó Cruz. “Más del 50% de la deforestación en la Argentina es ilegal y eso es porque no funciona el sistema de multas o sanciones. El resultado de la consulta popular respalda que se establezcan penas de prisión por la destrucción impune de áreas protegidas”, dijo.

Entre los agravantes a considerar, Cruz incluyó que exista responsabilidad de funcionarios. “Es evidente que las multas económicas no son suficientes como sistema de disuasión –sostuvo Giardini al respecto–. Cuando son bajas, los responsables las incluyen como parte de los costos de producción. Cuando son altas, las judicializan para no pagarlas. Además, casi nunca se reforesta. Pero es claro que hay en la violación de la Ley de Bosques.”

Según explicó, la principal causa de esta “emergencia climática y de biodiversidad”, según alertaron, es el avance de la frontera agropecuaria “para ganadería y soja que, en gran medida, se exporta a Asia y Europa, sobre todo en la región del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande del continente”.