CÓRDOBA.- A dos meses de los saqueos que se registraron en distintos puntos del país, en Córdoba la Justicia impuso condenas a 11 personas y dictó prisiones preventivas a un grupo de imputados por los desmanes que afectaron a comercios en la capital provincial. En el dictamen se plantea que los hechos provocaron “sentimiento de inseguridad y desasosiego” en toda la sociedad, más allá de las víctimas directas.

Las causas fueron tramitadas por el fiscal Ernesto de Aragón. La jueza Anahí Hampartzounian condenó a 11 personas por el delito de robo calificado por efracción, agravado por la intervención de menores de edad. Las penas van entre los 3 años y los 4 años y 6 meses de prisión efectiva. Uno de los condenados ofreció una reparación proporcional al daño ocasionado a la víctima, lo que fue valorado como un “atenuante”. Además, la magistrada confirmó la prisión preventiva de otros dos imputados, a quienes se les atribuye conductas similares.

Hampartzounian subrayó, en sus dictámenes, la “especial gravedad” de los hechos. Hizo eje en “la actuación organizada y conjunta” y sostuvo que “la pluralidad de sujetos intervinientes y la sorpresa que asumieron las irrupciones, generaron que los damnificados adoptaran, en muchos casos, una actitud pasiva de clara resignación; y en otros, una resistencia carente de toda efectividad que hubo necesariamente de cesar, mutando a impotencia, frente al ingreso repentino del grupo”.

Explicó que el listado de bienes sustraídos permite inferir que los saqueos no fueron motivados por una “impostergable necesidad de procurarse alimentos”, sino que los autores aprovecharon la “innegable dificultad económica que atraviesa el país como excusa para apoderarse de todo aquello que tuviera valor de venta”.

También remarcó que los protagonistas de los saqueos tenían “trabajo”, por lo que su actividad delictiva “no fue motivada por la miseria o la imposibilidad de procurarse el sustento propio o del grupo familiar”.

Hampartzounian también señaló que las consecuencias de los ilícitos trascendieron largamente el daño que produce cualquier otro delito: “El sentimiento de inseguridad y desasosiego que los ataques ocasionaron no solo afectó de modo directo a las víctimas (…); sino que se extendió a todos los ciudadanos que observaron con perplejidad de modo directo o por los medios de comunicación, a bandas (…) que impunemente, en algunos casos, invadían comercios apoderándose de todo aquello que tuvieran a su paso”.

“Se generó, en la sociedad toda, un estado de razonable y justificado temor, ante la probabilidad cierta de que hechos similares características se tornaran masivos y la situación se desmadrara por completo, circunstancia que felizmente no aconteció merced al accionar oportuno y eficaz de las fuerzas policiales, que lograron prevenir, interrumpir o reprimir los desapoderamientos planeados, tentados o consumados, según el caso”, agregó.

En ese contexto, sostuvo que “se originaron a nivel social severos cuestionamientos respecto a la capacidad del Estado para cumplir (...) con la función de seguridad que indelegablemente le compete y emergieron conductas compatibles con una desconfianza generalizada en la eficacia de las instituciones para garantizar la paz social, situación que –huelga decirlo- socava las bases mismas del sistema republicano y democrático”.