CONCORDIA (De una enviada especial).– Los habitantes de la Cota 14, la zona costera de Concordia que más sufre las crecidas del río Uruguay, como ahora y desde hace más de un mes, parecen llevar las inundaciones en el ADN. Los adultos que viven y nacieron allí afirman haber transitado entre ocho y 15 inundaciones a lo largo de su vida. Es por lo que ya tienen sus propias rutinas de emergencia: “Mi padre tenía un sistema de sogas enganchadas al techo que usaba para colgar los muebles cada vez que empezaba a subir el agua”, cuenta con una mueca agridulce Andrea, una de las vecinas.

Pero, pese a estar acostumbrados, ella y los demás sostienen que la angustia es cada vez peor. “Esta vez empecé a preocuparme por mis hijos, que están más grandes: ¿Qué les voy a dejar? ¿Esta casa que está cada vez peor?”, se cuestiona Roberto Magnin, herrero, de 42 años.

Debido a las inundaciones en la Cota 14, en los ‘80 el primer gobierno electo tras el retorno de la democracia prohibió la construcción en la zona. Para entonces, destacan fuentes del municipio, ya había unas 350 propiedades formales; muchas de ellas, chalets antiguos. La intención de la medida fue que no se sumaran nuevos vecinos. Pero fracasó: con el paso de los años y el aumento de la pobreza en Concordia, cada vez más familias sin hogar empezaron a asentarse de manera ilegal en este barrio inundable.

En los últimos ocho años, la política de la intendencia para paliar los efectos de las inundaciones fue especialmente la relocalización de los vecinos instalados irregularmente en la zona. Según datos oficiales, en este lapso más de 600 familias fueron trasladadas a viviendas sociales que se construyeron en el predio de Agua Patito (gestionado e impulsado por los gobiernos nacional y provincial ) y en los terrenos del Banco Municipal de Tierras, ambos a las afueras de la ciudad.

El conflicto al que se enfrentan hoy las autoridades es que los propietarios de las 350 casas históricas, más muchos de quienes se asentaron después, no tienen interés en mudarse a las viviendas sociales. En cambio, hace años exigen a la municipalidad la construcción de la defensa central, un terraplén con bombas de agua que aplacaría el avance del agua y la redireccionaría. Se trata de un proyecto del que mucho se ha hablado en los últimos años, pero del que no hay novedades de ejecución

“La obra es de 50 millones de dólares. Por el monto, para hacerla, se necesita financiamiento internacional”, afirmó a la nacion el intendente Enrique Cresto (PJ), que dejará su cargo el domingo próximo. En el mismo sentido, el intendente electo, Francisco Azcué (Juntos por Entre Ríos), afirma que no considera viable que el gobierno local pueda financiar dicha obra.

“En base a los estudios que hagamos, vamos a ir haciendo las cosas correctamente –agrega–. Queremos buscar soluciones de impacto, no tener que estar cada inundación teniendo que evacuar gente”. Una de las posibilidades que se ha barajado en los últimos años, recuerda, es indemnizar a las familias con propiedades en esta zona inundable para organizar su mudanza.

Azcué deberá asumir la intendencia en un contexto de crisis humanitaria en la ciudad, con más de 400 familias evacuadas y muchas otras que, a pesar de estar afectadas por el agua, decidieron quedarse en sus casas, principalmente para evitar que sean robadas.

Pero actualmente el problema no es solo el agua, sino su podredumbre. “Esta vez, a muchos, antes de que nos llegara el agua de afuera, nos empezó a salir agua de adentro: rebalsaron las cloacas. Imagínate el olor. Tuvimos que salir corriendo”, cuenta una de las vecinas, que prefirió no dar su nombre; hoy enfrenta la impotencia de haber baldeado y fregado con lavandina hace pocos días, cuando el agua bajó, y ahora ver el piso nuevamente mojado. “El agua llega y se va cuando y como quiere. Es difícil convivir con esta mugre”, lamenta.