El martes, el Congreso de Texas aprobó una ley que convertiría en un nuevo delito estatal el ingreso ilegal por sus fronteras, una medida que llegará al escritorio del gobernador Greg Abbott para que la firme. En respuesta, el Gobierno de México difundió un comunicado en el que acusó que la legislación SB4 implica una “criminalización” de la población migrante y señaló que resultará en la separación de familias, discriminación y perfiles raciales.

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La medida le daría más autoridad a los policías locales para detener a los migrantes y a los jueces para emitir órdenes de expulsión para quienes infrinjan la norma. La administración liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador agregó en su respuesta:

“El gobierno de México reconoce el derecho soberano de cualquier país de decidir las políticas públicas que deben ejecutarse en su territorio. No obstante, respetuosamente externa su derecho legítimo de proteger los derechos de sus nacionales en los Estados Unidos, así como el de establecer sus propias políticas de internación a su territorio. En ese sentido, el Gobierno de México rechaza tajantemente cualquier medida que permita a autoridades locales o estatales detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano”.

A su vez, México manifestó su preocupación por las violaciones a los derechos humanos para los residentes de origen mexicano en Texas: “México reconoce la importancia de una política uniforme y consistente en materia migratoria. Por ello, apoya el trabajo conjunto con el Gobierno Federal de Estados Unidos para asegurar que la migración se realice de manera ordenada, segura, regular y con respeto a los derechos humanos de las personas en situación de movilidad”, indica el comunicado.

La cancillería mexicana cree que la ley SB4 fomentará ambientes hostiles, “que pueden conducir a actos de odio o delitos contra las comunidades migrantes. Además, México reitera su rechazo a cualquier medida que contemple el retorno involuntario de migrantes sin respeto al debido proceso”.

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Como acciones para poder ayudar a sus nacionales en Estados Unidos, el gobierno mexicano informó que sus consulados en Texas harán jornadas informativas sobre cuáles son los alcances de aplicación de esta nueva legislación. A su vez, brindarán asesoría legal para los mexicanos en el estado, como un vínculo para que se puedan reunir con autoridades, legisladores y organizaciones de derechos civiles.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha manifestado antes contra las políticas migratorias de republicanos como Greg Abbott, así como las del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien aprobó una medida similar a esta en cuanto a sus alcances, la SB1718, que condena el traslado de migrantes hacia el estado y por la que actualmente hay latinos detenidos. Por otro lado, el político mexicano ha alabado las políticas del presidente demócrata Joe Biden.

La medida SB4 todavía no está en vigor. Esta semana la Cámara de Representantes de Texas la aprobó sin enmiendas, por lo que pasará al escritorio del gobernador. Debido a que proyectos como este forman parte de su agenda más fuerte, es probable que la firme en los próximos días. Si se vuelve válida, sería la ley estatal migratoria más restrictiva de todo Estados Unidos.