WASHINGTON.- El discovery es un instituto procesal de la justicia norteamericana que le permite a las partes de un juicio acceder a información que puede ser utilizada luego como evidencia en la causa. Comienza a partir de un pedido de información concreto que realiza una las partes a través de una citación, o “subpoena”, y el cumplimiento y el alcance del proceso se define luego a través una negociación y un acuerdo entre los abogados, aunque también puede llegar a intervenir el juez en caso de que el ida y vuelta se trabe.

Este procedimiento aparece al centro de la acusación que surge contra funcionarios oficiales por supuesta malversación de fondos en una causa judicial en Estados Unidos por un reclamo de pago de bonos de la provincia de Buenos Aires. El documento firmado por el abogado Dennis Hranitzky dice que la información producida en un proceso de discovery en una demanda de holdouts “indica que los funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires pueden haber estado malversando sistemáticamente fondos públicos y transfiriéndolos fuera de la Argentina”.

Los funcionarios mencionados son José Ignacio de Mendiguren, Carlos Montaña, Ana María Cecilia Bazán, Diego Benítez y Matías García. El gobierno de Axel Kicillof desmintió cualquier malversación de fondos a través de un comunicado en el que “las personas mencionadas desmienten categóricamente tener relación con las operaciones ilícitas que se les imputan”, y además anticipan que “están presentando acciones legales para exigir que se aclare la situación y se repare el daño ocasionado”.

Ante la repercusión que tuvo la presentación de Hranitzky –un recurso para intentar cobrar la demanda de los holdouts a los que representa–, un grupo de legisladores provinciales de Juntos por el Cambio está evaluando si se presenta en la causa para intentar acceder a la información en poder de Hranitzky, e intentar develar información adicional, según pudo saber LA NACION.

La negociación para definir el alcance, el marco del discovery, suele ocurrir entre los abogados de las partes y la intervención del juez sirve para que la parte que solicita la información tenga suficiente palanca en la negociación para acceder a lo que busca. En caso de que la negociación se trabe o una de las partes intente escatimar el acceso, se puede requerir la intervención del juez. La amplitud y la profundidad y el alcance del discovery, es decir, cuánta información se devela, qué se puede hacer con la información y quién puede verla depende de esa negociación y de la intervención del juez. El resultado puede ser confidencial o los documentos pueden quedar redactados, es decir, con partes tachadas.

El proceso fue determinante en el reciente juicio entre la Argentina y Burford Capital por la expropiación de la petrolera YFP. Durante el gobierno de Mauricio Macri, los abogados de la Argentina intentaron buscar un discovery amplio con el propósito de que sirviera como plataforma para indagar qué había ocurrido con las sucesivas compraventas de acciones de YPF.

El gobierno de Alberto Fernández, durante el cual la estrategia argentina quedó en manos de Carlos Zannini, al frente de la Procuración del Tesoro, optó por un discovery acotado a cuestiones legales, aun cuando el fondo Burford había pedido que fuera más amplio para investigar los daños económicos en los que incurrieron las empresas Petersen, que tenían el 25% de las acciones de la petrolera en el momento de la expropiación a Repsol.