Una auditoría sobre los empleados públicos de los ministerios de Justicia y Seguridad para dejar de lado a la “militancia y la ideologización”, atacar los cortes de rutas y usurpaciones de tierras, mantener las actuales condiciones para la portación y tenencia de armas, bajar a los 14 años la edad de imputabilidad, trabajar con un comité de crisis para atacar el narcotráfico y regresar a los postulados de la “tolerancia cero” para combatir el delito urbano son las principales características del plan de seguridad que tiene en carpeta Javier Milei en caso de llegar al poder.

Dentro de La Libertad Avanza, tanto Seguridad como Defensa son áreas coordinadas por Victoria Villarruel, quien dijo a LA NACION que en caso de ganar las elecciones será vicepresidenta y presidenta del Senado, pero también la responsable de los dos ministerios, que estarán a cargo de sus respectivos ministros, cuyos nombres todavía no se definen.

Una de las ideas rectoras del plan de Milei es potenciar el Consejo Nacional de Seguridad Interior y coordinar la tarea entre Nación, provincias y municipios. La base para implementar esta política es “recurrir a la figura del comité de crisis” ante el narcotráfico, principalmente en Rosario, de modo de reunir en un equipo a las fuerzas federales y las locales en una zona en particular y trabajar en coordinación. La idea, señala Villarruel, es apuntar a la producción, el tráfico y el consumo, además de realizar una campaña para atacar el uso de drogas en menores de edad.

“Se habla de legalizar el consumo de droga, pero esto no desalienta los delitos asociados. En Uruguay se legalizó la marihuana y el delito continúa para conseguir droga con mayor efecto alucinógeno que la de venta legal”, afirmó Villarruel, actual diputada nacional. Señaló que la idea se completa con la reglamentación de una ley que regule el decomiso de los bienes del narcotráfico que complemente la actual.

El otro eje del plan de Seguridad que propone Milei engloba el combate de las usurpaciones de tierras fiscales y privadas con los cortes de rutas, piquetes y todo lo que signifique afectar la libertad de circulación. Villarruel dijo que las usurpaciones “se cometen bajo el paraguas de reivindicar derechos de los pueblos originarios”. Sostuvo que su partido “reconoce la preexistencia de los pueblos originarios, pero siempre que no implique avanzar sobre los derechos adquiridos de los otros ciudadanos”. La Constitución reconoce que los pueblos indígenas son preexistentes al Estado nacional, establece la posesión y propiedad comunitaria de sus tierras, regula la entrega de otras “aptas y suficientes para el desarrollo humano”, y asegura su participación en la gestión.

Villarruel dice que se buscará derogar la ley 26.160, de 2006, que suspendía por cuatro años los desalojos de comunidades de pueblos originarios mientras durara la emergencia y que se ya se prorrogó cuatro veces. “Vamos a suspender la prórroga de esta ley y auditar lo que hizo el Instituto de Asuntos Indígenas otorgando tierras fiscales privadas a comunidades que no existían 50 años atrás”, señala.

En cuanto a la persecución de los cortes de rutas, la candidata negó que se busque criminalizar la protesta social. “Cuando más se tarde en liberar una ruta, más cruento es. El objetivo no es criminalizar la protesta. El derecho a manifestarse está reconocido por la Constitución. Pero cortar rutas, incendiar gomas, impedir la circulación y llevar niños a una manifestación para usarlos como escudo no puede ocurrir. Cada uno debe poder ejercer su derecho sin avanzar sobre el de la libre circulación del resto de los ciudadanos”, dijo.

Villarruel afirmó que lo que defiende La Libertad Avanza es el uso del monopolio de la fuerza por parte del Estado. “Nuestra intención no es violar los derechos humanos. No es reprimir salvajemente, pero cuando se necesita hay que hacer respetar la ley para que se aplique para restablecer el orden”. Por eso, propone una ley para reglamentar el derecho a manifestarse, ya que la legislación actual antipiquetes -dijo- “no se puede aplicar”.

La Libertad Avanza quiere resucitar la política de los 90 de tolerancia cero, que encandiló a Carlos Menem y que tuvo entre sus creadores al exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, también consultor de Sergio Massa hace cinco años. Giuliani hoy enfrenta problemas legales como organizador del complot para negar la victoria de Joe Biden ante Donald Trump con noticias falsas y se le suspendió su matrícula de abogado. Su estrategia era castigar el delito más pequeño en la creencia en que si se toleraba, luego se iban a normalizar los delitos más graves.

“No estoy de acuerdo con la mano mano dura, creemos en la mano justa, no vamos a reprimir salvajemente. Vamos a aplicar la ley y aquel que esté delinquiendo debe responder por sus actos teniendo presente que somos conscientes de los derechos humanos de los que delinquen”, dijo Villarruel.

Ella se propone además reordenar las fuerzas de seguridad para acabar con la insatisfacción de aquellos policías federales que pasaron a la Ciudad. “Perdieron beneficios como la antigüedad”, sostuvo. Y dijo que se buscará trabajar sobre su equipamiento, el uniforme y el armamento. En cuanto al Servicio Penitenciario, propone restablecer el área de inteligencia penitenciaria, desmantelada por este gobierno.

A pesar de que Milei se pronunció en favor de “la libre portación de armas” y luego dijo que este asunto no está incluido en su plataforma, Villarruel indicó que no hay intención de modificar la ley actual sobre armamento de la población civil.

“La ley actual es exhaustiva en cuanto a las condiciones. La portación de armas es para las fuerzas de seguridad y determinados civiles en casos excepcionales, y la tenencia es otra cosa diferente”, dijo Villarruel. “No tenemos intención de modificar la ley, solo queremos que se aplique y que el Estado no desaliente al ciudadano que cumple con los requisitos”, señaló.

Ahora en cuanto a si propondría una política de desarme, Villarruel lo consideró innecesario ya que “los delitos cometidos con armas no los realizan los legítimos usuarios”.

Villarruel se mostró de acuerdo con el uso de las pistolas eléctricas Taser para situaciones determinadas, en centros urbanos, en situaciones de cercanía, pero dijo que “las fuerzas policiales deben seguir portando armas de fuego”.

Habló de modificar la ley de seguridad privada para integrar esa actividad a la seguridad pública “coordinando las acciones en algunos lugares” e insistió con bajar la edad de imputabilidad penal a los 14 años “porque estadísticamente los delitos son cada vez más cometidos por menores que no deben ser juzgados como niños”.