Enfrascado en una campaña electoral que lo tiene como uno de los principales protagonistas y cuando el orden de las cuentas públicas parece una demanda significativa del electorado, el ministro de Economía, Sergio Massa, anexará al proyecto de presupuesto 2024 -tal como hizo el año pasado- una “separata” de gastos tributarios con la que buscará socializar un ajuste fiscal. Incluye, por caso, las exenciones a las ganancias de jueces, aquella sobre bienes personales a depósitos de argentinos en el país, el régimen de promoción de Tierra del Fuego o reducciones de IVA sobre honorarios.

En el mismo sentido, contaron fuentes que están dando los últimos retoques, se están evaluando otras alternativas ajenas al gasto tributario, “siguiendo las conclusiones a las que arribara el Pilar II de la Solución Global de la OCDE, que asegure que las grandes empresas estén sujetas a un tipo impositivo mínimo del 15%”. Se trata de una posibilidad que adelantó hoy el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, en declaraciones radiales.

Según los cálculos realizados por el Palacio de Hacienda, esos gastos tributarios suman $16,4 billones o 4,68 puntos del producto bruto interno. El año pasado, cuando el parlamento esquivó ese debate, se trataban de $8,5 billones. Massa propondría un superávit fiscal de aproximadamente 1% para 2024 si se eliminaran estos gastos tributarios. Caso contrario, debería tener un 0,9% del PBI de déficit fiscal, según lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Los gastos tributarios son el monto de los ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo que se aparta del establecido con carácter general en la legislación tributaria”, explicaron en Economía y ejemplificaron: “Puede ser una exención o dispensa en la ley del impuesto en cuestión, o bien un régimen de promoción industrial”.

Según señalaron las fuentes oficiales, el objetivo es beneficiar o favorecer el desarrollo de determinadas actividades, zonas, contribuyentes o consumos, “siempre vinculado a una política pública determinada, dado que implica una transferencia de recursos públicos implementada a través de una reducción de las obligaciones tributarias”.

“En algunos casos, cuando no se revisa la política pública asociada, o no se hace un seguimiento adecuado de impacto de cumplimiento del objetivo, los beneficios económicos de estos tratamientos diferenciales pueden concentrarse en grupos económicos, conglomerados de empresas o sectores sociales y determinados profesionales privilegiados que reciben un mejor trato que sus pares”, advirtieron. “Su medición permite estimar la recaudación impositiva adicional de los impuestos nacionales, que en la mayoría de los casos se coparticipan. A su vez, su eliminación o modificación puede beneficiar, según el tributo afectado, no sólo a los ingresos de la Administración Pública Nacional, sino también a los ingresos de los gobiernos provinciales”, señalaron cerca de Massa, con un guiño a los gobernadores.

“Por eso, es importante revisar a qué política pública están asociados, porque son recursos públicos nacionales y provinciales que se dejan de percibir y restringen la posibilidad de atender necesidades públicas”, estimaron.

En el menú que Economía prepara aparecen, por caso, la exención de los ingresos de magistrados de los Poderes Judiciales nacional y provinciales del impuesto a las ganancias, que en 2024 representarían $566.877 millones o 0,16% PBI.

“No está asociado a una política pública con impacto social general. Influye negativamente en la equidad, igualdad y progresividad del impuesto con relación al resto de los contribuyentes asalariados que prestan similares servicios”, evaluaron en Economía sobre ese beneficio históricamente cuestionado por la ciudadanía.

Además, aparece la exención de impuesto a las ganancias de asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas, que implicaría, según los cálculos oficiales, $385.683 millones o 0,11% PBI el año que viene. “La política pública a la que estuvo asociada, podría no ser compatible en la actualidad con la actividad que actualmente desarrollan e ingresos que en este momento perciben”, indicaron en Economía y completaron: “Podría generarse inequidad con relación a otras empresas que bajo otra forma societaria tienen una carga tributaria mayor. Parte del universo beneficiado comprende a instituciones bancarias y empresas aseguradoras”.

Además, hay alícuotas reducidas inferiores a la general del 21% que exigirán gastos por $2,1 billones o 0,62% PBI el año que viene. “Resulta imprescindible revisar las políticas públicas asociadas, dado que las alícuotas diferenciales distorsionan negativamente el impacto en la cadena comercial y además no implica en muchos casos una reducción en precios al consumidor final”, describieron los técnicos de Hacienda y calificaron que “aumenta la regresividad del impuesto”.

Por otra parte, aparecen además regímenes de reducción de contribuciones que tienen como objetivo dar incentivos a la contratación de personal bajando el costo de contratación laboral. Sumarán $266.895 millones o 0,08% PBI en 2024. “Es fundamental la medición de impacto, que realmente exista un incremento de la nómina salarial”, estimaron y señalaron que se trata de medidas que tienen que tener un límite temporal claro.

También se reclamará analizar exenciones en el impuesto a los bienes personales existentes sobre depósitos en entidades financieras realizados en el país que tendrán un costo de $92.105 millones o 0,03% PBI. “El objetivo es incentivar este tipo de inversiones en el país. Y a su vez que no tengan una carga tributaria ciertas tenencias de un flujo que ya pagó impuesto a las ganancias”, señalaron.

El régimen de promoción económica de Tierra del Fuego (con exenciones generales en IVA y Ganancias para las actividades desarrolladas en la isla) también puede estar bajo la lupa. Costará el año que viene 1,14 billones o 0,33% PBI. Se podría analizar, dijeron en Economía, una revisión de política pública actual asociada, y una posible reducción gradual del beneficio, además de una mirada sobre cuáles son los sectores que deben estar alcanzados.

Otro régimen de promoción es el existente para el fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa (ley 27.264). Costará $524.086 millones o 0,15% producto. “Debería considerarse la trazabilidad entre las percepciones bancarias efectivamente acreditadas con aquellas que se computan como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias”, indicaron y señalaron que “considerando que ambos tributos tienen diferentes destinos del producido de la recaudación, termina reduciendo el impacto recaudatorio de un impuesto progresivo y coparticipable”.

Con relación a los bienes personales, se pondrá bajo la lupa la exención sobre inmuebles rurales. Son $1,6 billones o 0,48% producto. “Un inmueble rural en la Argentina o en el exterior (explotado o inexplotado) de propiedad de una persona humana no paga Bienes Personales a diferencia de otros bienes que tienen menor relevancia en cuanto al monto de la inversión. Debería considerarse si ese bien genera o no renta. Se estarían resignando recursos públicos en concentraciones de bienes de alto valor y que no declaran o informan generación de ganancias”, concluyeron.

Además, se pide revisar la exención de IVA sobre honorarios de directores y de socios gerentes de empresas. Representarían más de $1 billón o 0,29% producto. “Debería evaluarse la política pública asociada a este beneficio. El impuesto en cuestión debería aplicar en general al concepto de honorarios, porque retribuye un servicio prestado equiparable al de los profesionales”, estimaron en el Ministerio de Economía.