El escándalo de las tarjetas de débito de empleados de la Cámara de Diputados bonaerense que cobraba el puntero peronista Julio Segundo “Chocolate” Rigau sumió en el silencio a la mayoría de la política provincial. También abrió incógnitas, como la del tiempo que llevan desarrollándose este tipo de maniobras y si pudieron haberse producido en períodos de gobierno anteriores al actual, cuando no todos los pagos estaban bancarizados. No obstante, los exgobernadores se muestran ajenos al tema, con un argumento similar al que esgrimen fuentes cercanas al actual mandatario, Axel Kicillof: la Legislatura es un poder autónomo en el que ellos no tienen injerencia.

Sospechas y escándalos en medio de un sistema en descomposición

“Cada poder es autárquico en el manejo de su presupuesto, lo establece la Constitución”, subrayaron desde el entorno de Kicillof, para señalar también que se trata de “un tema exclusivamente judicial”. Sostuvieron que, en caso de hacer algún reclamo o pedido al Poder Legislativo provincial, Kicillof incurriría en “una intromisión en la autonomía” de ese poder. Al frente de la Cámara de Diputados, donde se desató el caso Rigau, está Federico Otermín, mano derecha del renunciado jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde y su candidato a intendente en Lomas de Zamora. El Senado lo preside la vicegobernadora Verónica Magario, socia política del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

Daniel Scioli gobernó la provincia de Buenos Aires entre 2007 y 2015. En sus filas, se expresaron en un sentido similar al que utilizaron en el actual gobierno provincial. “La Legislatura tenía su independencia. Él no tenía nada que ver con el manejo de los contratos de la Legislatura”, argumentaron.

Consultado por LA NACION, el exgobernador Carlos Ruckauf afirmó que la responsabilidad del manejo de la Legislatura recae sobre los responsables de las cámaras. “Ambas cámaras estaban en manos de la oposición”, indicó Ruckauf. Al frente de la Cámara de Diputados, durante su gobierno (de 1999 a 2002, cuando renunció para ser canciller de Eduardo Duhalde) estuvieron los opositores Alejandro Mosquera (Frepaso), Francisco Ferro (UCR) y los peronistas Aldo San Pedro y Osvaldo Mércuri. El titular del Senado era Felipe Solá, vicegobernador por entonces y gobernador desde 2002. En ese cuerpo el oficialismo estaba “en minoría”, afirmó el exgobernador y exvicepresidente.

Ruckauf dijo que no tuvo episodios que lo llevaran a poner el foco sobre la administración de la Legislatura bonaerense. Dijo que se concentraba en la dinámica del Poder Legislativo “solo cuando había leyes complicadas, como la modificación del régimen de excarcelaciones”. El caso de Chocolate Rigau es, para el exvicepresidente, “increíble”. Añadió que la trama “parece haber tocado a oficialismo y oposición”.

En aquellos años, sin embargo, las lógicas que hacían funcionar o no a la Cámara de Diputados bonaerense le hicieron ganar un apodo que perduró en el tiempo: “la diputadora”.

Solá optó por responder desde su experiencia al frente del Senado provincial, inmediatamente anterior a ser gobernador (reemplazó a Ruckauf y luego fue electo hasta 2007). “Fui presidente del Senado hace 22 años y no pasaba esto, porque mi secretario administrativo era mi cuñado ‘Toco’ , que no dejaba pasar ninguna”, rememoró.

LA NACION no obtuvo respuestas de parte de los exgobernadores María Eugenia Vidal y Eduardo Duhalde. Desde 1999, último año de Duhalde como gobernador, rige en la Cámara de Diputados bonaerense un sistema de “doble firma”, por el que las contrataciones y actos administrativos no solo llevan la rúbrica del presidente de la Cámara, sino también del vicepresidente y el vicepresidente primero.

Son cargos que no tienen un único color político, suelen repartirse entre oficialismo y oposición. En la actualidad, en esos puestos están Otermín (Unión por la Patria), Adrián Urreli (Juntos por el Cambio) y Carlos “Cuto” Moreno (Unión por la Patria). En 2017, trascendió la intención de Vidal de eliminar ese sistema, pero no prosperó.