De acuerdo con el informe anual del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de las Naciones Unidas, en 2022, los cultivos de hoja de coca en Colombia tuvieron un incremento del 13% en la superficie total de narcocultivos. El país cafetero alcanzó cifras alarmantes en el área dedicada al producto base de la cocaína, con 230.000 hectáreas en todo su territorio.

A la vista del crecimiento de los cultivos, la alerta también corre por cuenta de otro aumento: el de la producción potencial de clorhidrato de cocaína, que en 2022 fue del 24% y alcanzó las 1738 toneladas.

Las regiones donde más crecieron las áreas sembradas son las mismas donde las disidencias de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han fortalecido su presencia criminal. Son municipios ubicados mayormente en tres departamentos fronterizos que concentran el 65% de las zonas cultivadas: Nariño, Norte de Santander y Putumayo, donde el incremento fue de un alarmante 77%.

Estos datos coinciden con la búsqueda de la paz total, la política bandera del presidente Gustavo Petro, con la que busca negociar en simultáneo con distintos grupos armados, aspiración que se dificulta, ya que la coca genera una cadena de violencia que va desde la disputa por el control territorial de las plantaciones, que causa enfrentamientos entre grupos ilegales, hasta la guerra que se libra en los centros urbanos por el control del microtráfico.

La nueva estrategia respecto de los cultivos de coca propiciada por el gobierno colombiano, consistente en no atacar los sembradíos pequeños, sino destruir los cultivos de mayor volumen, a cargo de organizaciones criminales, no está dando los resultados esperados. El año pasado se incumplió la meta de destrucción de narcocultivos, al llegar solo a 44.000 hectáreas, y para este año apenas se fijó la tarea de destruir 20.000, pero hasta mayo pasado apenas se habían intervenido poco más de 4500 hectáreas.

Si bien es necesario brindarles a los campesinos alternativas productivas rentables, algo que hasta el momento ha sido imposible, se requiere que las autoridades cuenten con herramientas que permitan la erradicación eficiente de los cultivos ilícitos para terminar con los problemas derivados de la coca que amenazan la institucionalidad.

En la tarea de erradicar estos cultivos se debe trabajar con firmeza, sin descanso y en forma continua porque los grupos narcoguerrilleros colombianos viven y se mantienen gracias a ellos, ya que son sus pulmones financieros y el combustible que alimenta los actos criminales y la violencia. Mientras haya coca no habrá paz.