CÓRDOBA.- Doce detenidos, entre ellos, siete gendarmes, de la delegación de la Gendarmería en Santiago del Estero, es el resultado de una investigación judicial que detectó irregularidades en el proceder de efectivos de la fuerza. Todos están acusados de presunto cohecho. Se les atribuye haber montado un esquema para cobrarles coimas a los pasajeros de los ómnibus de los llamados “tours de compra” a La Salada o al centro comercial de Once cuando controlaban los vehículos en retenes de la ruta.

Hasta tanto no declaren los acusados, desde la Gendarmería Nacional no habrá comunicación oficial. Fuentes de la fuerza indicaron a LA NACION que los arrestados “no son jefes” del escuadrón, como trascendió en algunos medios. “Es una investigación de la misma institución, por orden del fiscal. Es más una autodepuración”, indicaron.

En el marco de la causa se secuestraron $150 millones (hay contabilizados US$140.000 en ese monto), autos de alta gama,18 teléfonos celulares y mercadería ingresada sin cumplir los requerimientos de la Aduana. Esos datos derivan de fuentes judiciales.

La decena de procedimientos fue ordenada por el juez federal Guillermo Molinari, quien trabaja sobre la hipótesis de que se había conformado una red para el cobro de coimas. Los allanamientos se realizaron tanto en la sede del Escuadrón 59 como en las unidades de Pinto, Quimilí y Monte Quemado; en la pesquisa y los procedimientos actuaron efectivos de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales (Uniprojud) de la propia Gendarmería.

La investigación apunta a supuestos pedidos de coimas a tours de compras en el marco de los operativos que se realizan en todo el país. Además del dinero que obtenían de los eventuales sobornos, habrían recaudado más por la venta de la mercadería que incautaban a quienes la transportaban y se negaban a pagarles.

La comercialización la hacían en Santiago del Estero, pero también en Once y en La Salada, en Buenos Aires. Los allanamientos también alcanzaron a depósitos donde había mercadería traída por los tours de compras. En ese contexto, la dueña de uno de los espacios directamente quemó lo que tenía en el barrio Mariano Moreno, de la capital santiagueña.

Allí se vendían los productos traídos desde Bolivia y, además, ella coordinaba viajes de compra. La decisión de prenderle fuego a la mercadería fue para evitar que se la secuestraran. Como, además, insultó a los funcionarios, terminó detenida.

Molinari, el juez que interviene en la causa, fue designado como juez federal de primera instancia de Santiago del Estero en abril de este año por el Senado. La Unión Cívica Radical se opuso y reiteró las denuncias de “vínculos” con el gobernador Gerardo Zamora e irregularidades en el proceso de selección en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

En enero pasado, Molinari hizo lugar a la denuncia de Zamora contra el vocero de Horacio Rosatti, el presidente de la Corte Suprema. El magistrado dispuso que se le pidiera a Silvio Robles su teléfono celular con la finalidad de peritarlo y determinar si había tráfico de influencias. Horas después, se declaró incompetente.