La Justicia clausuró la empresa Sudamericadata, que reunía información privada de particulares y la brindaba al espía preso Ariel Zanchetta, como una de sus fuentes con las que realizaba informes de inteligencia a pedido de funcionarios del kirchnerismo.

La decisión fue del juez Marcelo Martínez de Giorgi, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, dado que la firma brindaba información bancaria y crediticia de sus clientes, como cualquier base de datos comercial, pero también revelaba números de teléfono celular de presuntos “blancos”, cuestiones patrimoniales, de empresas, ingresos, propiedades, antecedentes, y datos que los investigadores sospechan que deberían haber estado protegidos por el secreto fiscal.

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La empresa está en la calle Belgrano 985, segundo piso, de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires. Y fue allanada para incautar datos informáticos de los servidores. En el operativo se realizó un procedimiento informático para determinar con certeza las fuentes de las que se nutre la base de datos de esa compañía.

Las sospechas de Pollicita crecieron ante el hecho de que la firma aportó datos falsos sobre los nombres consultados por Zanchetta y las autoridades luego descubrieron que había una relación entre el sospechoso y los responsables de la firma.

“Los responsables de la compañía no respondieron correctamente los requerimientos formulados en esta causa, en la medida en que ocultaron y alteraron datos obrantes en su poder”, dijo Pollicita, al fundamentar el allanamiento. Además, la empresa no está inscripta en el registro de bases de datos del Ministerio de Justicia. Dijo el fiscal que “la base de datos de dicha compañía no se adecua a la normativa vigente y que obtiene información que proviene de fuentes desconocidas”

Por ejemplo, Zanchetta pidió un informe sobre Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, y la exministra de Justicia Marcela Losardo, del fiscal Carlos Stornelli, del procurador general Eduardo Casal, del juez de Casación Mariano Borinsky, del exdiputado nacional Daniel Lipovetzky, de la exgobernadora María Eugenia Vidal, del diputado nacional y candidato a presidente Javier Milei, del diputado Miguel Ángel Pichetto, del exintendente y reciente candidato a gobernador Néstor Grindetti, del exministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires Marcelo D’Alessandro y de las exlegisladoras Romina del Pla y Myriam Bregman.

Según los informes de inteligencia preparados por Zanchetta que fueron hallados en su notebook Toshiba, Sudamericadata proporcionaba, en muchos casos, el teléfono celular personal, el correo electrónico personal, el monto exacto del salario, la facturación promedio de una compañía según sus balances y el detalle de los “bienes personales”, que incluye vehículos e inmuebles, con aclaración de dominio y nomenclatura catastral, todos datos sensibles que no son de acceso público.

Como ejemplo, el fiscal reproduce informes sobre Martín Insaurralde, de Grindetti y de Malena Galmarini, hasta con la foto y la valuación de su casa en el country Isla del Sol.

Sudamericadata provee a sus clientes de volúmenes considerables de datos personales, con niveles de detalle superiores a los que provee, por ejemplo, la parte pública de las declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, dado que incluye patente, número de motor y chasis, dirección exacta y “en abierta infracción a la normativa vigente” con datos de origen desconocido pero que se encuentran en las bases de organismos públicos del Registro Automotor, del Registro de Aeronaves y de los Registros de la Propiedad Inmueble.

Por eso, hasta que no se determine el origen de la información y el envío de datos erróneos sobre a quiénes consultó Zanchetta como cliente, la Justicia decidió clausurarla y hacer un allanamiento sobre sus servidores para analizarlos.