El juez federal Julián Ercolini citó a declarar en indagatoria a exfuncionarios y exejecutivos de las empresas constructoras de Lázaro Báez en una causa por fraude en la obra pública de Santa Cruz derivada del expediente donde fue condenada a seis años de cárcel Cristina Kirchner. Los citados son 18.

Integran la lista de quienes deberán presentarse a declarar Juan Carlos Pistan y Manuel Parras, ambos del grupo Báez; y los exfuncionarios de Vialidad de Santa Cruz Manuel Ángel Díaz, Carlos Mancilla, Jorge Paciecznik, Orlando Taboada, Claudia Oliva, Alba Cabrera, Elio González, Víctor Paniagua, Daniel López Geraldi, Guillermo Torres, Miguel Salazar, María Lencina Albornoz, Guillermo Cantero, Juan Carlos Cerrato, Juan Gelves y Roberto Lillo.

Las indagatorias se realizarán por Zoom entre el 6 de julio y el 19 de agosto.

Los exfuncionarios indagados están acusados de haber tenido “conocimiento y voluntad”, desde la estructura burocrática de la provincia, para poner a disposición de la maniobra delictiva los recursos propios de sus funciones y roles. Dijo el juez que “habrían llevado adelante contribuciones -activas u omisivas- que habrían sido fundamentales para su implementación y su sostén durante el transcurso de años”.

Los exejecutivos del grupo Báez están acusados de haber colaborado “con el proyecto delictivo a través de su rol contractual como representantes técnicos” desde el interior de las distintas empresas.

Esta es la tercera etapa de la causa Vialidad. En la primera fueron condenados Cristina Kirchner, Báez y exfuncionarios. En la segunda fueron indagados exaltos funcionarios de la provincia de Santa Cruz, y en esta, la tercera, están siendo investigados los funcionarios de Vialidad provincial.

El fiscal que impulsó la instrucción caso, Gerardo Pollicita, indicó que “se había corroborado la existencia de hechos de corrupción emanados desde las más altas esferas del propio Poder Ejecutivo Nacional y de distintos organismos de la administración estatal nacional y santacruceña vinculados a la obra pública vial”.

La fiscalía sostuvo que “se habría montado una estructura criminal orientada a la sustracción de los fondos públicos asignados para llevar adelante construcciones viales; particularmente, de aquellas adjudicadas en la provincia de Santa Cruz a favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez”. Responsabilizó por eso a Cristina Kirchner, condenada, y a Néstor Kirchner.

En 2017 los fiscales iniciaron una línea de investigación que permitió establecer que en los expedientes administrativos formados por la Administración General de Vialidad Provincial en relación a las licitaciones había irregularidades relacionadas con las modificaciones de plazos y costos de las obras.

Las pruebas determinaron que Báez se benefició, pero “habría sido imprescindible la colaboración de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Cruz, como así también de diversos funcionarios provinciales -algunos con competencia específica en materia de obra pública vial-, y de los profesionales del grupo Báez que actuaron en las obras como representantes técnicos”.

Los fiscales destacaron que fue clave el rol de los sucesivos ministros de Economía y Obras Públicas de la Provincia de Santa Cruz, pues de ellos dependía el control de la Administración General de Vialidad y garantizaron que no se vigilaran las obras viales adjudicadas a las compañías de Báez. También porque aportaron los recursos provinciales hacia las obras contratadas, ya sea a través de la confección del presupuesto provincial o la reestructuración de partidas para contar con fondos para las obras.

Los fiscales miraron también a distintos funcionarios de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, quienes desde sus cargos “habrían influido y acompañado con su actuación el irregular esquema implementado para beneficiar a Báez”.