Han pasado más de ocho años desde que fue encontrado muerto el fiscal Alberto Nisman, cuatro días después de haber presentado una denuncia contra la entonces presidenta Cristina Kirchner. Nisman pidió que se la investigara por encubrimiento agravado por la firma del memorándum con Irán, con el que se intentó que quedaran impunes los responsables de segar 85 vidas por la voladura de la AMIA, el mayor acto terrorista de la historia argentina.

Dos decisiones judiciales, de instancias federales distintas, tomadas hace pocos días, van a contramano de la estrategia de impunidad urdida desde lo más alto del Gobierno.

La primera es del 14 del mes último: los jueces de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Eduardo Farah y Martín Irurzun confirmaron el procesamiento de Pablo Federico Palá y Alexis Lewsa, dictado por el juez Julián Ercolini, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Nº 10, quien decidió procesarlos al encontrar que había suficiente prueba como para tener por constatada la sospecha de acciones de inteligencia ilegales desarrolladas contra Antonio Stiuso y Sandra Arroyo Salgado. Palá y Lewsa están vinculados al exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri, cuya adhesión a la vicepresidenta siempre fue evidente.

Las tareas de espionaje se conectan con el asesinato de Nisman. Se probó en el proceso, que terminó con el procesamiento de Palá y Lewsa, que dos de las entradas ilegales a la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones fueron a las cuatro de la tarde del 18 de enero de 2015, seis horas antes de que se supiera de la muerte del fiscal Nisman.

La relación entre esos primeros hechos de espionaje ilegal y la hora de aparición sin vida de Nisman genera una fuerte y fundada sospecha e inagotables preguntas sobre una coincidencia inexplicable. Debido a la vinculación de las acciones de los supuestos espías Palá y Lewsa, los jueces Irurzun y Farah decidieron que correspondía comunicar las pruebas obtenidas a los encargados de investigar el homicidio de Nisman.

La decisión de Ercolini, confirmada por Irurzun y Farah, golpea en el epicentro del poder. Farah ha sido vinculado con el kirchnerismo; sin embargo, hay límites para la falta de independencia. Firmar una sentencia es dejar una huella indeleble. Farah no pudo ocultar lo evidente. Tendrá que investigarse por qué agentes inorgánicos de la entonces SIDE, al mando de Oscar Parrilli, espiaban a Stiuso antes de que apareciera asesinado Nisman.

Bajo la apariencia de defensas legales, han sido evidentes los juegos inescrupulosos del poder para salir impune del probado homicidio de Nisman

La segunda resolución de la Justicia se produjo en la causa del memorándum con Irán. El 18 del mes último, la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal, integrada por Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, revocó la decisión del Tribunal Federal Oral Nº 8 que había sobreseído a quienes fueron denunciados por Nisman sin un juicio público en el que se pudiera conocer cómo fueron los hechos oscuros que llevaron a la firma del memorándum.

Los beneficiados por el sobreseimiento, ahora revocado, ocupaban en el momento del deceso de Nisman encumbradas funciones de gobierno. En aquel entonces, manejaban los hilos del poder. Hoy sucede lo mismo. Son los casos de Cristina Kirchner (presidenta en 2015 y actual vicepresidenta), Carlos Zannini (secretario legal y técnico de la Presidencia de la Nación, en 2015, y actual procurador del Tesoro), Oscar Parrilli (director de la Secretaría de Inteligencia hace ocho años, actual senador nacional y presidente de la Comisión Unicameral de Justicia y Asuntos Penales) y Juan Martín Mena (subdirector de la Secretaría de Inteligencia por aquel entonces y actual secretario de Justicia de la Nación), entre otros.

Luego de una etapa preliminar que demandó cuatro años, en marzo de 2019 el proceso iniciado por Nisman, se encontraba en condiciones de ser discutido en audiencias públicas en las que la sociedad pudiera conocer qué sucedió efectivamente.

Desde aquel momento se han visto todo tipo de acciones tendientes a volver a sepultar la denuncia del fiscal. Bajo la apariencia de defensas legales, han sido evidentes los juegos inescrupulosos del poder real para ocultar los hechos.

El objetivo ha sido siempre evitar que se juzguen hechos de una grosera y canallesca ilicitud

Durante estos últimos cuatro años, desde proyectos de leyes con la sanción de una de las cámaras del Congreso hasta la integración de una comisión de juristas para encontrar el camino tendiente a terminar con los juicios en los que se investigan delitos vinculados con el poder, el objetivo central ha sido evitar que se juzgaran hechos de una ilicitud grosera.

El gobierno de Alberto Fernández fue sometido a visibles presiones para terminar con la causa iniciada por el fiscal del caso AMIA. Si no, es inexplicable que se trate de la misma persona que en una nota de su autoría publicada en LA NACION el 16 de febrero de 2015 escribió: “Un enorme estrépito acaba de aturdirnos. Un fiscal que denunció penalmente a la presidenta apareció muerto días después de formular su demanda y solo un día antes de fundar su imputación ante el Congreso nacional. En el centro del poder, allí donde la denuncia tocaba fibras, hablaron de suicidio y de asesinato, acusaron al muerto de ser un padre desatento y un títere de factores que operan en las sombras y hasta afirmaron que una suerte de lucha fratricida entre servicios de inteligencia acabó detonando esa muerte. Todo lo dicho sería poco importante de no ser que ha salido de la boca de la presidenta imputada por el fiscal muerto. Ignorando la tragedia, se indultó a sí misma apropiándose de la verdad, de la patria y hasta de la alegría y condenó cínicamente a los que quedamos agobiados por lo patético de lo ocurrido. Conoce que hay una herida abierta por una muerte que estremece y que no se entiende y sabe que el silencio ciudadano la interpela. Cristina sabe que ha mentido y que el memorando firmado con Irán solo buscó encubrir a los acusados. Nada hay que probar. Merced a ese pacto, la evaluación de los hechos quedaría en manos de una comisión que funcionaría en la patria de los prófugos y en la que la mayoría de sus miembros debería contar con el acuerdo iraní. ¿Para qué pactaron ambos gobiernos notificar a Interpol lo acordado si no era para levantar los pedidos de captura librados?”.

Esa nota, titulada “Hasta que el silencio aturda a la presidenta”, mostraba al actual titular del Poder Ejecutivo convencido de la existencia del delito cometido a partir de la cadena de hechos que llevaron a la firma del memorándum con Irán.

En sus casi cuatro años en el ejercicio de la presidencia, avaló una serie de acciones políticas tendientes a terminar con esa causa y con todas aquellas en las cuales se juzga la responsabilidad de la actual vicepresidenta, que llegó a declarar desde su despacho del Senado en una clara señal de amedrentamiento a los magistrados, sin el más mínimo respecto por la independencia del Poder Judicial. Esa declaración tuvo lugar en el juicio en el que se revocó el sobreseimiento por encubrimiento.

Las decisiones aquí referidas son dos nuevos y saludables cauces posibles de la demanda social por conocer la verdad de lo sucedido con respecto a la muerte del valiente fiscal. Ellas contrastan con el escandaloso acuerdo prestado por el Senado a favor de quien fue presidenta de la Cámara de Casación Penal, Ana María Figueroa, en una vil estrategia sin fin tendiente a procurar cerrar una causa que preocupa al poder.

Resta saber si Nisman murió en vano o si con su denuncia despertó valores democráticos esenciales y verá saldada la deuda de justicia con su memoria.