A través de su cuenta de Twitter, el partido Nuevas Ideas comunicó al pueblo salvadoreño que el presidente Nayib Bukele y el vicepresidente Félix Ulloa buscarán sus reelecciones como máximas autoridades de El Salvador.

Cabe recordar que, en septiembre de 2022, Bukele ya había anunciado que buscaría la reelección. En aquel momento su mensaje llegó un año después de que la Sala en lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña, designada por sus aliados en el Congreso, lo habilitara para poder postularse.

Hasta ese momento, los presidentes de El Salvador no podían ser elegidos para un nuevo período gubernamental en forma consecutiva, sino que debían esperar diez años para regresar al poder. Constitucionalistas sostienen que la postulación del presidente viola la carta magna, que en cuatro artículos prohíbe la reelección presidencial.

Así, por ejemplo, el artículo 152 expresa que no puede ser candidato a la primera magistratura “el que haya desempeñado la presidencia de la república por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial”.

Para reforzar esa prohibición, el artículo 131 establece que “corresponde a la asamblea legislativa desconocer obligatoriamente al presidente de la república o al que haga sus veces cuando, terminado su período constitucional, continúe en el ejercicio del cargo” y que “en tal caso, si no hubiere persona legalmente llamada para el ejercicio de la presidencia, designará un presidente provisional”.

La presidencia de Bukele ha generado controversia y ha sido objeto de críticas y elogios en diferentes sectores de la sociedad salvadoreña y de América Latina. Mientras algunos lo apoyan por sus políticas en materia de seguridad y de economía, otros lo critican por su estilo autoritario y su falta de respeto a las instituciones democráticas.

No caben dudas de que, desde que asumió en el cargo, el presidente ha llevado a cabo una lucha firme y decidida contra las maras, promoviendo una política de mano dura contra las pandillas e implementando medidas que lograron reducir la violencia y la inseguridad en el país. Las encuestas señalan que nueve de cada diez salvadoreños aprueban su gestión.

La cruzada contra esos grupos delictivos se sostiene en un régimen de excepción cuya última prórroga fue aprobada por el Congreso a mediados de junio y bajo esa medida han sido detenidos y llevados a la cárcel unos 70.000 presuntos pandilleros. En tanto, más de 5000 detenidos han sido liberados porque no se los pudo vincular con las estructuras criminales.

Por su parte, la ONG Cristosal documentó que al menos 153 personas detenidas murieron bajo la custodia del Estado durante el régimen de excepción. En su vigencia, se suspende la libertad de asociación, no se permite que las personas sean informadas de sus derechos y los motivos de su detención, y tampoco las habilita a contar con la asistencia de un abogado.

La inseguridad y la corrupción que por muchos años fueron protagonistas estelares en la realidad de El Salvador han conducido a que los salvadoreños brinden su total apoyo a un presidente irrespetuoso de la legalidad. La historia ha demostrado que quienes usan tácticas autoritarias son una amenaza para el Estado de Derecho y para la democracia misma.