El suspendido juez federal de Mendoza Walter Bento justificó sus viajes a Las Vegas y su estadía con su familia en el Hotel Caesars Palace ante el jury que lleva adelante su juicio político por supuesto mal desempeño en sus funciones. De todas formas negó haber apostado en el casino, precisamente una conducta que está prohibida a los magistrados. El magistrado admitió, asimismo, que se sacó fotos en una limusina en Las Vegas pero dijo que no hacía ostentación indebida porque no fueron compartidas en redes sociales.

En el segundo día del juicio político que se le sigue en Buenos Aires, Bento se defendió de dos de las acusaciones que le realizan los consejeros de la magistratura Miguel Piedecasas (abogado, radical) Roxana Reyes (legisladora radical) y Eduardo Vischi (senador radical).

En particular se centró en rechazar los cargos por haberse sacado fotos en la limusina en Las Vegas y por haberse anotado en un concurso para ser promovido a camarista de Casación, ocultando que estaba ocho veces procesado y con el procesamiento firme por asociación ilícita y sobornos.

Con respecto a las fotos en la limusina, Bento dijo que fueron secuestradas de un teléfono de su esposa en desuso y que no se trató de una ostentación indebida (conducta impropia de los jueces según el reglamento de la justicia) sino que fue una imagen que no tomó estado público.

Cuando el consejero Piedecasas avanzó sobre sus viajes al exterior, uno de los reproches que se le hace debido a la frecuencia con que los hacía y el modo en que los financiaba, Bento reconoció: “Miami era el destino habitual con mi familia”, dijo el juez. También admitió vacaciones en Roma, en Dubai y o en Las Vegas. Dijo que lo hacía porque estaba cansado, por estar de turno, de manera permanente, durante siete años y medio en dos juzgados.

A la hora de justificar cómo pagaba los gastos, Bento dijo que lo hacía con dinero en efectivo, con tarjetas, pero que el asunto lo iba a aclarar su contador y el perito contable que analizó su patrimonio.

Ya envalentonado, Piedecasas le preguntó por sus viajes a Las Vegas y cuántas veces se había alojado en el hotel . “No recuerdo, hemos ido varias veces, porque es económico, cómodo, queda en mitad de la ciudad y desde allí es fácil desplazarnos”, dijo y aludió a uno de sus hijos que usa silla de ruedas para hacerlo.

— ¿Usted es conciente que el Caesar Palace es un hotel casino?, insistió Piedecasas.

— Si, por supuesto, en Mendoza hay hoteles casino, pero alojarse allí no implica que yo participara de juegos de azar. El Papa acaba de declarar a Las Vegas arquidiócesis. No podemos llamarla la ‘ciudad del pecado’, como dice la acusación. ¿Acaso tiene una foto mía jugando en el casino?

Luego Bento se defendió de la acusación de haber ocultado su procesamiento al anotarse en un concurso para ascender. Dijo que lo hizo a sabiendas de que no lo iban a elegir por su situación procesal pero para probar que él tenía los conocimientos suficientes como para rendir el examen par aspirar a la Cámara de Casación Federal.

Luego, los jueces le tomaron declaración a cuatro testigos propuestos por la defensa del juez Bento, entre ellos, sus secretarios, un abogado y un exjuez que hablaron muy bien de la conducta del magistrado y sus empleados. Dijeron no recordar cuántos días se iba de licencia al año o desconocer a donde viajaba.

El juicio seguirá este miércoles con la declaración de otros cuatro testigos de la defensa.

El jurado que decidirá el futuro del juez Bento fue elegido por sorteo y está integrado por los jueces Javier de la Fuente, de la Cámara del Crimen, y Javier María Leal de Ibarra, presidente de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.; los senadores nacionales Daniel Bensusán (Frente de Todos-La Pampa) y José Torello (Pro-Buenos Aires), las diputadas nacionales Anahí Costa (Frente de Todos-Catamarca) y Ana Clara Romero (Pro-Chubut) y Alfredo Barrau, abogado por la matrícula federal.

Bento es juzgado penalmente por un tribunal oral federal en Mendoza y al mismo tiempo enfrenta este juicio político en Buenos Aires, Bento está suspendido en sus funciones y procesado con prisión preventiva firme, acusado de ocho hechos de coimas, de enriquecerse de manera ilícita, lavado de dinero y de integrar una asociación ilícita. Por esos cargos enfrenta desde el 26 de julio pasado un juicio penal en Mendoza. El juez está libre porque tiene fueros como magistrado federal.

Si en este juicio es removido de su cargo, perderá sus fueros y automáticamente caerá preso mientras se sustancia su juicio penal en Mendoza y se decide si es culpable o no.

El juicio político debe terminar a lo sumo en noviembre. Para lograr la destitución de un juez se necesitan cinco votos de los siete integrantes del jurado y la decisión es inapelable, aunque varios jueces destituidos fueron a la Corte Suprema de Justicia, que rechazó los planteos.