Cuando faltan 13 días para el balotaje, el ministro de Economía y candidato presidencial oficialista, Sergio Massa, fue denunciado penalmente por la supuesta “violación del código electoral, abuso de autoridad, fraude en perjuicio de la administración pública y malversación de caudales públicos”. Según el texto acusatorio, desde su doble rol, el postulante de Unión por la Patria (UP) “no obró con ninguna prudencia y no tuvo ningún condicionamiento para asumir una gestión económica irresponsable y especulativa con miras a sus objetivos presidenciales”.

Los autores de la denuncia contra Massa son la dirigente de Pro y exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) María Eugenia Talerico; el abogado especialista en derecho constitucional Daniel Alberto Sabsay; y el exfuncionario de la Dirección Nacional de Migraciones y abogado de Patricia Bullrich, Julián Marcelo Curi. También firmó la presentación, que trabajará el Juzgado Federal con competencia electoral a cargo de la jueza María Servini de Cubría, la abogada penalista Marta Nercellas.

“La denuncia apunta al cuidado de los roles institucionales de la Argentina. Pareciera que vale todo, pero no es así”, señaló Talerico a LA NACION, y destacó que el origen de la acusación fue una consulta de la excandidata presidencial Patricia Bullrich respecto de la posible violación de la veda electoral por parte de Massa. “Cuando empecé a indagar me di cuenta de que era mucho más que eso, era un ministro-candidato violando la ley de financiamiento de campañas políticas y predisponiendo los recursos públicos de manera muy perjudicial con el fin de impulsar su propia candidatura”, precisó.

Para fundamentar la acusación, en el texto se repasan las principales variables económicas que el aspirante presidencial dejará como legado después del 10 de diciembre en el ministerio de Economía, entre las que se listan la inflación anualizada, el aumento de la pobreza, las magras reservas del Banco Central, el incremento del endeudamiento público, el aumento de la brecha cambiaria y el déficit fiscal, entre otras. Y señala: “Sergio Massa ha violado esos deberes confiados, y no lo hizo por errores, ni por negligencia o imprudencia sino por un temerario actuar y violación flagrante de los deberes a cargo, incluidos los deberes éticos impuestos por la ley de ética en el ejercicio de la función pública por tener en miras que en el año 2023 competiría por la presidencia de la Nación”.

Para hacer foco en los delitos que se describen, los autores del texto destacan que “si bien hace 15 meses se desempeña en el cargo, el raid más cuestionado y probablemente ilícito, se inicia post elecciones PASO, con un sin fin de medidas que anunció y difundió estando en campaña electoral, una vez que se consolidó como candidato único de Unión por la Patria (UP) y con el propósito captar el sufragio, obteniendo la ventaja que le da el rol ministro y el manejo de la Hacienda Pública”.

Entre los hechos que los abogados listan como ejemplos de medidas electoralistas financiados con fondos públicos, se encuentran la supresión de las retenciones para las economías regionales, la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, la eliminación del IVA para los productos de la Canasta Básica Alimentaria, la ampliación del programa “Compre sin IVA” y la implementación del PreViaje 5.

“Todo el descalabro de estos quince meses, sucede a la par de innumerables casos de corrupción: algunos son vox populi y otros fueron denunciados”, sumaron los querellantes en el texto de la acusación.

En el marco de los pedidos de prueba, la denuncia sugiere que se tomen en cuenta notas periodísticas e informes de consultoras especializadas, así como que se cite a prestar declaración testimonial a los economistas del Pro Ricardo Lopez Murphy y Luciano Laspina, ambos diputados nacionales, “para que sean preguntados sobre las estimaciones del presupuesto puesto a consideración de la Comisión de Presupuesto”. Además, se solicita que se libren oficios con pedidos de información al Banco Central, al Banco de la Nación Argentina, a la Anses, al Pami, al Ministerio de Economía, a la Oficina Nacional de Presupuesto dependiente del Congreso Nacional y a la Jefatura de Gabinete de Ministros.

“Lo del candidato-ministro es grave, no solo por el despilfarro de recursos públicos que comprometen seriamente a la próxima gestión de gobierno, sino además por el objetivo de su accionar, que es el de utilizar los recursos del Tesoro de la Nación en beneficio propio”, subrayan los autores.

Por último, la presentación judicial solicita que “se ordene el cese de todos los anuncios y avisos que realiza el candidato Sergio Massa y de todos los organismos mencionados en la presente denuncia en la medida que tienden a captar el sufragio a favor del ministro de Economía y candidato”.