Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción son pilares básicos de la democracia y -más allá de los muchos desafíos económicos- deben formar parte de las prioridades del nuevo gobierno. La corrupción es una de las raíces de la decadencia argentina. Afecta la legitimidad del sistema de gobierno, la relación de representación política, la confianza en las instituciones, el Estado de Derecho y la calidad de las políticas públicas.

Luego de años de normalización de la corrupción, de abuso de los recursos públicos con fines partidarios, de desmantelamiento y captura de los mecanismos de control, y de flagrante impunidad, la agenda de integridad requiere múltiples intervenciones. Hay que revisar la legislación, adoptar diseños institucionales apropiados, garantizar que los organismos de control sean independientes, tengan la capacidad y recursos necesarios y cuenten con las facultades legales y la competencia indispensable para cumplir sus funciones. Pero todo eso no basta.

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Es indispensable que las autoridades asuman una conducta ejemplar. Ya no hay más espacio ni excusa para los privilegios, las excepciones y los abusos del poder.

¿Por dónde empezar para mostrar ese compromiso con la transparencia? En materia electoral, la prioridad es la adopción de la boleta única de papel, como ya se utiliza en Córdoba, Santa Fe, en el exterior y en las cárceles. Terminemos con el espacio para las sospechas, las avivadas y los negociados. Toda la oferta electoral garantizada en el cuarto oscuro, no más robo de boletas, no más boletas truchas y todo ello sin dilapidar fondos públicos.

En segundo lugar, se debe eliminar la intervención del gobierno de turno en la administración electoral. No hay transparencia sin independencia e imparcialidad de la autoridad electoral. El partido de gobierno es siempre uno de los competidores. No puede estar encargado de decidir, por ejemplo, sobre el acceso de la ciudadanía a los datos de resultados del escrutinio provisorio.

En materia de financiamiento de las campañas, el problema no está tanto en las reglas, sino en su implementación. En particular, corresponde en lo inmediato investigar el financiamiento de la campaña de Unión por la Patria en el ciclo electoral 2023. La exteriorización de gastos difícilmente se ajuste a los límites de ley y, mucho más importante aún, debería investigarse el uso de recursos públicos con fines proselitistas.

Además, es necesario incluir a todos los actores relevantes en la obligación de transparencia del financiamiento político. Si solo se controla a los partidos, pero no a los candidatos y a las fundaciones y asociaciones afines, se están creando ventanas de oportunidad para la opacidad y el secreto que son la antesala de la corrupción.

La lucha contra la corrupción -que incluye el efectivo acceso a la información pública, la reconstrucción de la ética pública, el fortalecimiento de los órganos de control y el fin de la impunidad- exige ajustes legislativos en la ley de ética pública y un serio rediseño de la Oficina Anticorrupción (OA). Ésta es una deuda de todos los gobiernos, de todos los colores políticos, en los últimos veinte años.

Si quien controla depende del controlado, es evidente que no puede cumplir adecuadamente su función. No se trata de poner al frente de ese organismo a alguien de la oposición -o propuesto por la oposición-. Ese mecanismo es puramente decorativo.

La lucha contra la corrupción no se debe desarrollar de acuerdo con la lógica gobierno-oposición. Lo que hace falta es dotar a la OA de independencia, capacidad y competencia. Solo si se garantizan estas tres condiciones, la Oficina Anticorrupción podrá contribuir a romper el circuito de la corrupción que se define en tres etapas: robar / esconder / disfrutar. En este sentido sería aconsejable adoptar un esquema institucional similar al del Defensor del Pueblo.

Es necesario revisar, también, las normas penales y procesales para facilitar la investigación de los casos de corrupción, la denuncia de casos, la colaboración internacional en los casos de gran corrupción. La protección del derecho de defensa y del debido proceso no significa generar un engranaje que de tan complicado solo lleva a la prescripción de la acción o de la pena, en un minué de recursos. El resultado es la impunidad. Y la impunidad como elemento de la cultura de las no-consecuencias, genera más incentivos para la corrupción.

Al mismo tiempo, la sociedad toda tiene un gran desafío: la restauración de la integridad como principio rector de nuestra vida política, económica y social. La tolerancia e indiferencia de los ciudadanos es el mejor caldo de cultivo para la corrupción. Tenemos que terminar con “el poder es impunidad” como explicación para la falta de consecuencias frente a los actos de corrupción. Tenemos que terminar con la “compra de decisiones”. Tenemos que terminar con “las cajas” como recurso para mantener seguidores. Y tenemos que terminar también con el “roban, pero me dan”, como columna vertebral de la estructura clientelista.

La agenda de integridad es una prioridad, si queremos fortalecer la democracia y re-construir la confianza en las instituciones.

La autora es doctora en Derecho y fue presidenta de Transparencia Internacional