CARACAS.- Un recurso judicial contra las primarias de la oposición venezolana de cara a las elecciones presidenciales de 2024, en las que se elegirá un único candidato para enfrentar al gobierno actual, avanza con la asignación del caso a una magistrada de la Corte Suprema, cercana al partido del presidente Nicolás Maduro.

“Venimos a anunciar que ya el amparo constitucional se le ha asignado a la magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez como ponente”, dijo este lunes Luis Ratti, empresario distanciado del chavismo que el 30 de junio introdujo un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra las internas opositoras, previstas para octubre.

Ratti forma parte de un sector de la oposición que rompió con los partidos tradicionales, que a su vez le acusan de servir a Maduro.

El dirigente alegó que las primarias “se están convirtiendo en un instrumento” para generar “un conflicto violento”.

La magistrada Rodríguez fue alcaldesa de Caracas entre agosto y noviembre de 2021, con apoyo del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), tras la renuncia de la titular del cargo.

Expresó “profunda lealtad al proceso bolivariano” y a Maduro cuando fue juramentada en la Alcaldía.

Ratti ha anunciado sus intenciones de postularse a las presidenciales. Ya lo hizo en 2018, cuando Maduro fue reelecto entre denuncias de “fraude” y un boicot de los principales partidos opositores.

Las primarias del 22 de octubre son organizadas por una comisión de profesores, abogados y consultores, que cerró las postulaciones el 24 de junio con 14 aspirantes, incluida la exdiputada María Corina Machado, del ala más radical de la oposición; el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles; y Freddy Superlano, quien se inscribió en lugar de Juan Guaidó cuando este huyó a Estados Unidos.

Los tres están inhabilitados por la Contraloría, situación rechazada por Washington y la Unión Europea.

Ratti, quien no figura entre los postulados, argumenta que permitirles participar es una “manipulación”.

”Veo que un individuo de apellido Ratti o Rata, creo que es lo mismo, se presentó hoy en el tribunal que controla Maduro para ir contra la primaria (...), esto es otro ataque contra quienes queremos cambio”, reaccionó con dureza Capriles en una transmisión por internet.

Este lunes, Capriles anunció que participará en las primarias pese a que está vigente en su contra una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 15 años.

“Yo no me salgo de las primarias, yo reafirmó el camino”, dijo Capriles en una transmisión en sus redes sociales al salir al paso de rumores sobre su renuncia y la de otros candidatos inscriptos para participar en las primarias previstas para el 22 de octubre, algunos de los cuales también se teme que puedan ser inhabilitados por integrar el Legislativo que encabezó el dirigente Juan Guaidó.

El líder opositor acotó que se inscribió en las primarias con el propósito de reafirmar “el camino del uso del voto” como instrumento de cambio político y para seguir en la lucha para “recuperar mis derechos políticos en un país donde no hay garantías”.

La ratificación de su participación en las primarias se produjo seis días después de que la líder opositora Machado catalogó de “aberración jurídica” la inhabilitación en su contra para ejercer cargos públicos durante 15 años.

El oficialista TSJ anuló en 2016 un referendo para revocar el mandato de Maduro, después de que el chavismo denunciara irregularidades.

Ya la primaria encajó un golpe con la renuncia de la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyo apoyo técnico llegó a considerarse, pero se descartó ante la futura designación de nuevas autoridades en el Parlamento, controlado por el chavismo.

La comisión anunció entonces que harían una votación manual.

En Venezuela la inhabilitación política es una pena accesoria que aplica cuando existe una sentencia judicial firme por un hecho punible cometido por una persona cuando se determina que incurrió en abuso de poder y del cargo, entre otros casos previstos en las leyes locales. Capriles y Machado sostienen que la inhabilitación ha sido usada por el gobierno como un arma política.

Agencias AFP y AP