En marzo pasado, un peritaje concluyó que Sebastián Villarreal, que debía ser juzgado por apuñalar en 2020 a una de las bailarinas del programa televisivo Showmatch, con la que estaba obsesionado, y a otra profesora en una escuela de danzas del barrio de Palermo, tenía una “discapacidad intelectual moderada” y pudo no haber comprendido la criminalidad de sus actos. Ese informe parecía colocarlo en la puerta de la inimputabilidad, y la defensa tomó nota de eso. Pero, ahora, un tribunal rechazó sobreseer al imputado y dispuso la suspensión del proceso hasta que el acusado esté en condiciones de declarar.

“Tal como lo había requerido el fiscal Nicolás Amelotti, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N°11 ordenó que se evalúe trimestralmente a Villarreal para corroborar su capacidad para ser sometido a proceso. En ese sentido, los jueces Julio López Casariego, Julio Pablo Quiñones y Ana Guzzardi decidieron ampliar el peritaje elaborado por la junta médica en marzo y dispusieron que el hombre continúe internado dentro del Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (Prisma), en el Complejo Penitenciario de Ezeiza”, informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.

El ataque ocurrió el 10 de noviembre de 2020, a las 16, cuando Villarreal llegó dos horas antes de lo pautado a El Club de la Danza, escuela situada en avenida Federico Lacroze 2090, de Palermo, para tener una clase con Julieta Antón, bailarina del show televisivo conducido por Marcelo Tinelli y quien era su profesora de baile.

El acusado era exreferí de la Asociación de Árbitros de Ensenada, y hacía unos años se había inclinado por intentar iniciar una carrera artística; por eso estudió comedia musical en la escuela de Valeria Lynch, en 2015, había participado de un casting para el programa Bailando por un Sueño y, al momento del hecho, estudiaba con Antón, conocida por integrar el staff de bailarines del programa Showmatch y de figuras como la cantante Tini Stoessel.

La tarde del 10 de noviembre de 2020, Villarreal interceptó a la bailarina a la salida del baño y allí comenzó a perseguirla con una cuchilla de carnicero de 32,5 centímetros de largo que había llevado desde su casa en la localidad bonaerense de Berisso.

Antón llegó corriendo y buscando refugio a las oficinas administrativas del lugar, y allí Villarreal comenzó a atacar a cuchillazos no solo a ella, sino también a Sofía Bovino, una de las dueñas de la escuela de danzas, quien trataba de proteger a la bailarina.

El hombre acusaba a Antón de haberse burlado de él cuando, unos días antes de la clase, le había contado en una serie de mensajes telefónicos que en el pasado había sido víctima de abuso sexual.

“Yo le conté que fui abusado y ella se burló de mí”, decía el acusado, mientras lanzaba cuchillazos, según lo que declaró Bovino y otros testigos que también lo escucharon decir: “Las voy a matar a las dos”.

Finalmente, Villarreal fue reducido un oficial de la Policía de la Ciudad que le disparó con su arma reglamentaria en la zona de los glúteos.

En el requerimiento a elevación a juicio, el fiscal Martín Mainardi había solicitado que el imputado sea juzgado por homicidio agravado por ser las víctimas mujeres y el hecho perpetrado por un hombre, mediando violencia de género, en grado de tentativa”.

Ahora, en su voto, el juez López Casariego analizó el informe presentado en marzo por la Junta Médica y los argumentos expuestos por la fiscalía y la querella. Recordó entonces la conclusión a la que habían arribado los médicos en aquel examen, donde se sostuvo que era verosímil que Villarreal “no haya poseído la autonomía suficiente para comprender y dirigir su conducta al momento de los hechos investigados”.

“Ahora bien, por otra parte, advierto razón a lo sostenido por el señor fiscal general en su dictamen en cuanto a que esta categórica afirmación, por la forma en que fuera fundamentada, no aparece suficiente para despejar las dudas expresadas por el acusador”, explicitó.

En ese sentido, consideró que para llegar a una conclusión se deben precisar no solamente los elementos en los que los peritos se respaldaron, sino también “justificar por qué carecerían de relevancia otras peritaciones a las que se arriba a una conclusión opuesta e, incluso, el propio desarrollo del hecho, tal como ha sido señalado por el fiscal Amelotti”, según www.fiscales.gob.ar.

“No se trata de reclamar a los peritos una decisión acerca de la capacidad de culpabilidad del imputado al momento del hecho, tarea indelegable de este Tribunal, sino del análisis del conjunto de los elementos obrantes, algunos, como se dijera, incluso mencionados en el mismo dictamen como parte de sus antecedentes y su influencia en las conclusiones arribadas. Desde esta óptica, es que voto porque se encomiende a los mismos expertos que intervinieran en el peritaje en análisis, su ampliación en los términos expuestos”, explicó el juez.

Por este motivo, rechazó el sobreseimiento solicitado, aunque votó por suspender el proceso basado en lo estipulado dentro del artículo 77 del Código Procesal Penal de la Nación, donde se determina que si durante el proceso judicial “sobreviniere la incapacidad mental del imputado”, el tribunal suspenderá la tramitación de la causa.

Para el juez, aparece suficientemente fundado en el peritaje en cuestión que, al momento del examen, se advirtieron en Villarreal “indicadores de falta de aptitud psíquica para participar del proceso penal y participar en forma activa y adecuada de su defensa”.