La Justicia investiga si los autores del homicidio de Fernando Pérez Algaba tiraron abajo una vivienda de General Rodríguez y se llevaron los escombros para no dejar rastros de la casa, que podría haber sido la escena primaria del asesinato del operador financiero de un sector de la barra brava de Boca.

Además de la vivienda y de los escombros, los responsables del asesinato habrían ocultado una Mercedes Benz G500. Ese vehículo, del que hay muy pocos en el país y cuesta US$338.500, no aparece. Esa camioneta “fantasma” apareció en el expediente con la declaración de Maximiliano Pilepich, una de las dos personas que vio con vida por última vez a Pérez Algaba.

Ese examigo de la víctima, que declaró como testigo, dijo que llegó al campo de General Rodríguez, a un costado del desarrollo inmobiliario en el que se desempeña como gerente comercial, en una camioneta Mercedes Benz G500. Pérez Algaba llegó con Nahuel Vargas en la camioneta Land Rover Land Cruiser blanca que, según declaró, le había prestado un mes antes para que se moviera durante su estadía en Buenos Aires. Pilepich y Vargas, según declararon coincidentemente, le entregaron a Pérez Algaba 60 mil dólares para saldar la deuda de 150.000 dólares que ambos tenían con la víctima. Díaz antes, según el testigo, se habían reunido en una escribanía de Castelar y le habían pagado 90.000 dólares.

El encuentro con Pérez Algaba, según el testigo, terminó cuando la víctima le entregó la documentación sobre el pago de la deuda firmada en la escribanía Cerrato, de Castelar, y la Land Rover blanca de techo negro que le había prestado. Ambos exsocios de Pérez Algaba abordaron esta última camioneta y abandonaron el campo de General Rodríguez, donde dejaron a la víctima sola y también el Mercedes Benz G500.

En su declaración testimonial, el exsocio de Pérez Algaba afirmó, sin precisar hora, fecha y medio utilizado, que había regresado al lugar a buscar la Mercedes Benz G500. El vehículo estaba, pero Pérez Algaba ya se había ido, afirmó ante los funcionarios de la fiscalía.

No pasó inadvertido para los investigadores el hecho de que, al revisar las cámaras de seguridad de la zona, no quedó un registro de dicha camioneta cuando salía de la zona, tal como lo describió el testigo. Los responsables de la pesquisa abonaron la sospecha de que el conductor de la Mercedes Benz 500 habría abandonado el lugar por un camino vecinal que termina en un sector donde no hay cámaras de seguridad.

Un vehículo de esas características fue grabado por una cámara de seguridad en la zona Oeste del conurbano, cerca de la antena que registró la última señal del celular de Pérez Algaba. Una hora antes, el teléfono de la víctima había sido captado por una antena de General Rodríguez, en el mismo lugar donde se reunió con sus dos exsocios.

Las sospechas sobre estos dos hombres, que todavía no fueron imputados y figuran como testigos en el expediente, se acrecentaron a partir de la declaración de los responsables de la escribanía de Castelar donde dijeron haberle pagado a Pérez Algaba la primera parte de la deuda. En el estudio notarial les dijeron a los funcionarios de la fiscalía que no habían presenciado ninguna operación de ese tipo entre Pérez Algaba y sus antiguos amigos.

Varios de los testigos que aportaron estos datos fueron amenazados en las últimas horas y tienen miedo de ratificar sus declaraciones, ante la posibilidad de que los autores del homicidio hubieran contado con la complicidad de un grupo de policías bonaerense que se desempeñan a una dependencia de la zona Oeste del conurbano.

El 18 de julio pasado, horas antes de que Pérez Algaba se reuniera con los exsocios que tenían pagarle una deuda, los responsables de un desarrollo inmobiliario de General Rodríguez les dijeron a los empleados del barrio privado que se tomaran franco por tres días.

Hasta el 25 de julio pasado, en uno de los extremos de dicho emprendimiento había una casa que formaba parte de una quinta que quedó dentro del desarrollo inmobiliario cuando los inversores compraron los terrenos para construir un country.

Cuando, hace siete días los efectivos de la Dirección de Departamental de Investigaciones de Lomas de Zamora y funcionarios del Ministerio Público, a cargo de Marcelo Domínguez, concurrieron al emprendimiento situado en General Rodríguez para revisar cómo era el lugar donde Pérez Algaba había sido visto con vida por última vez, no hallaron ningún vestigio de la vivienda. Tampoco encontraron los escombros.

Los investigadores judiciales tienen fotos en las que en ese lugar donde ahora hay cimientos, diez días antes había una casa. Los responsables de la pesquisa tienen la firme sospecha que los asesinos de Pérez Algaba habrían derrumbado la vivienda en la que mataron al operador financiero de la barra brava de Boca y se llevaron los escombros para no dejar rastros de la escena del crimen.

Después de matar a Pérez Algaba, los autores del homicidio encargaron a otros cómplice que hicieran desaparecer el cuerpo. Lo descuartizaron y lo llevaron a Ingeniero Budge, en el partido de Lomas de Zamora para desviar la investigación y con el objetivo de responsabilizar a un sector de la barra brava de Boca que realiza extorsiones en la zona de la feria La Salada.

Estos dos exsocios de Pérez Algaba, cuyas declaraciones, según comprobaron los investigadores judiciales, tienen múltiples contradicciones, podrían pasar de testigos a acusados en las próximas horas. Actualmente, forman parte de la hipótesis número 32 en el abanico de pistas que surgieron al revisar los 332 mensajes y audios con amenazas que recibió la víctima y que también envió.

El hombre cuyo cuerpo descuartizado fue hallado el 23 de julio pasado en Ingeniero Budge llegó a perder US$140.000 en el negocio de las criptomonedas. Además, perdió mucho dinero en apuestas en casinos virtuales. Antes de que lo mataran de dos balazos, hacía frecuentes visitas al Casino Flotante de Puerto Madero. Vivía amenazado por sus acreedores. Ante la cantidad de amenazas que recibía de parte de aquellos que le habían prestado dinero o invirtieron en sus emprendimientos, Pérez Algaba le había pedido un arma a una amiga.

“La relación con las personas a las que les debía dinero era cambiante. Había veces que se trataban bien y otras en las que se gritaban y se insultaban. Haciendo memoria, entre febrero y marzo pasados, cuando Fernando regresó del exterior, fue a visitarme y como soy legítima usuaria de arma de fuego y en casa tengo una pistola Bersa nueve milímetros, me la pidió prestada. Me dijo que tenía miedo y que quería tener un arma”, expresó la amiga de la víctima, al declarar como testigo.

En el entorno de Lechuga, como conocían a Pérez Algaba, afirmaron a LA NACION que muchos de los que habían invertido dinero en sus proyectos prefieren olvidar que alguna vez conocieron a la víctima, especialmente por la peligrosidad y los antecedentes de aquellos con los que hacía negocios: dos barrabravas de Boca y un jefe narco detenido en el penal de Ezeiza, acusado de traficar, acopiar, fraccionar y comercializar droga en una fábrica de zapatos en La Tablada, partido de La Matanza.