Ana María Figueroa no se presentó hoy en los tribunales de Comodoro Py 2002 a pesar de contar con el decreto de nombramiento del presidente Alberto Fernández como jueza de la Cámara Federal de Casación Penal por cinco años más, a pesar de que la Corte Suprema ya la dejó cesante por no contar con acuerdo del Senado al llegar a los 75 años.

La jueza Figueroa se declara a sí misma “la primera víctima del lawfare”, en sintonía con las denuncias del kirchnerismo sobre la Justicia, cuando dicta fallos en su contra. Ella falló siempre a favor de los recursos de Cristina Kirchner en causas claves, como la validez de la ley del arrepentido en el caso de los cuadernos de las coimas. Con su nueva designación por cinco años, el kirchnerismo pretende obturar esa vacante para que no sea concursada en el Consejo de la Magistratura tal como lo reclama la oposición.

Esta mañana había máxima expectativa en los tribunales federales de Comodoro Py acerca de la llegada de Figueroa y si iba a poder ocupar su despacho y si iba a conseguir que le rehabilitaran la firma digital para seguir ejerciendo como magistrada. Pero nada de eso ocurrió, pues Figueroa no se presentó. En la playa de estacionamiento del edificio de Retiro, frente a las escalinatas, sigue estacionado el Ford Eco Sport azul asignado a los desplazamientos de la magistrada.

Las miradas están puestas ahora en lo que ocurrirá mañana, cuando la Cámara de Casación tiene previsto realizar un plenario de todos sus jueces para debatir quién ocupará la vacante de la vocalía número 9, que dejó el Eduardo Riggi cuando se jubiló. La ocupa hoy Petrone como subrogante Si se presenta la jueza Figueroa puede que pretenda ocupar ese lugar.

Sin embargo, no está claro qué va a suceder si es que la jueza se plantea retomar sus funciones. Lo que los jueces de Casación comentan por lo bajo es que si se da esa situación seguramente decidan ir en consulta a la Corte. En el máximo tribunal son tajantes: para los magistrados, Figueroa no es más jueza desde el 9 de agosto.

Hubo jueces que señalaron que “es imprescindible” ir a la Corte por el conflicto de poderes que se planteó, aunque remarcaron que “no reconocemos su investidura como jueza en funciones”.

Por lo pronto hay actos administrativos ya realizados en ausencia de Figueroa: se designó al juez Gustavo Hornos para cubrir la licencia de su colega Juan Carlos Gemignani; se designó al juez Alejandro Slokar en la vocalía 10, que era de Figueroa, y se nombró a Mariano Borinsky presidente de la Cámara y a Daniel Petrone y Diego Barroetaveña como vicepresidentes. Es decir que tras la decisión de la Corte de dejar cesante a Figueroa, la Cámara dictó medidas para poder seguir funcionando y esas medidas están vigentes.

Párrafo aparte merece el decreto por el cual Figueroa fue nuevamente nombrada por el presidente Alberto Fernández como jueza de Casación por cinco años más. El decreto 502/2023 señala que es un “nuevo nombramiento” y refuerza que está vigente desde “el 9 de agosto pasado”. Acá se plante aun problema: Figueroa no pudo haber sido designada el 9 de agosto porque aún no tenía acuerdo del Senado, el que le fue otorgado la semana pasada. Por lo que el decreto no se corresponde con lo ocurrido en la realidad.

Esto ya genera dudas sobre esa norma, según analizan jueces de la Casación. Y asimismo, con perspicacia, advierten que el decreto la pone en funciones desde el 9 de agosto pasado, de modo de dar un argumento más a Cristina Kirchner en su defensa judicial. ¿Por qué? Porque la Cámara de Casación, con la firma de los jueces Petrone y Barroetaveña, dispuso el 18 de septiembre reabrir el caso Hotesur y Los Sauces y el caso del Memorándum con Irán para juzgar a la vicepresidenta en un juicio oral y público.

Cristina Kirchner apeló y su argumento constitucional para llegar a la Corte es que faltó un voto, que se violó el principio del juez natural porque no dejaron votar a la jueza Figueroa. Solo dos jueces firmaron porque Figueroa ya había sido dejada cesante por la Corte por no haber conseguido acuerdo del Senado al día de su cumpleaños 75, el 9 de agosto pasado.

Ahora al señalar el decreto de Alberto Fernández que Figueora está nombrada en su segundo mandato de cinco años desde el 9 de agosto, le da argumentos a Cristina para sostener que la privaron del voto de una jueza.