ROSARIO.- En medio de la campaña electoral en Santa Fe, donde las elecciones a gobernador serán el próximo 13 de setiembre, una denuncia que derivó en un pedido de información, una suerte de allanamiento, provocó un fuerte impacto: se investiga por qué, desde 2019 hasta mayo de 2023, no se realizaron denuncias a la Justicia provincial y federal a partir de las llamadas sobre temas de narcotráfico que ingresaban de forma anónima a un número telefónico oficial.

Esta investigación sobre la supuesta omisión de denuncias sobre temas vinculados al narcotráfico se produce en un contexto que sigue atravesado por tramas violentas que derivan del negocio de la venta de drogas al menudeo. Este fin de semana se produjeron tres nuevos homicidios en Rosario y suman 168 en lo que va de este año. Durante las últimas dos semanas se notó un descenso de los crímenes, con la consecuencia de que los asesinatos cometidos durante los siete meses de 2023 sean menos que los que se produjeron en el mismo lapso el año pasado. En todo 2022, la estadística de homicidios alcanzó el récord histórico, con 288 casos.

Esta investigación judicial arrancó a partir de una denuncia anónima que ingresó en el Ministerio Público de la Acusación y en la Fiscalía Federal. Se advertía que durante fines de 2019 y hasta mayo pasado no se trasladaban al ámbito judicial denuncias telefónicas que se realizaban al número 0800 4443583, habilitado por el gobierno provincial en agosto de 2015.

Lo llamativo es que las denuncias recién comenzaron a enviarse a la Justicia provincial y federal en mayo pasado, luego de que asumiera como nuevo ministro de Seguridad el excomandante de Gendarmería Claudio Brilloni. Consultado por LA NACION, el funcionario señaló “desconocer los motivos” por los cuales estas denuncias no se realizaban con anterioridad.

El interrogante es por qué el Ministerio de Seguridad se quedaba con esa información. Ante el conocimiento de un delito, como lo es la eventual venta de drogas, los funcionarios estaban obligados a denunciar judicialmente para que se investigaran eventuales ilícitos. Entre 2019 y 2023 pasaron por el Ministerio de Seguridad Marcelo Saín, que renunció en marzo de 2021; Jorge Lagna, hasta agosto de 2022, y el excomisario provincial Rubén Rimoldi, que duró en el puesto hasta el febrero pasado.

Los efectivos de la Agencia de Control Policial realizaron un “pedido de información” –que, de hecho, es un allanamiento– en la sede del OJO, la Central de Procesamiento de Información para la Prevención del Delito, a instancias de la fiscal de la Unidad Especial de Violencia y Corrupción Institucional Karina Bartocci. El OJO se inauguró en octubre de 2017 durante la gestión de Miguel Lifschitz. Maximiliano Pullaro, vencedor en las PASO, era el ministro de Seguridad en ese momento.

La inspección a las oficinas del OJO, ubicadas dentro de la sede local de la gobernación, se produjo con “orden de secuestro de material y documentación”, tal la denominación que la Fiscalía Regional Rosario impuso al procedimiento.

“Es una investigación que tiene origen en una denuncia anónima que aporta datos con relación a que las denuncias recibidas en el 0800 (donde se realizan denuncias por cuestiones relacionadas con el narcotráfico) no eran judicializadas o puestas en conocimiento de las autoridades de la Justicia federal o provincial”, señalaron fuentes judiciales.

Según se investiga, desde 2019, en el inicio de la actual gestión de gobierno, esas denuncias eran utilizadas, por ejemplo, para la confección del mapa del delito, pero hasta mayo de este año, de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, no se habían comunicado al Poder Judicial para que se pudieran iniciar las correspondientes investigaciones penales.

“La Justicia federal también recibió la misma denuncia anónima. Se solicitó informe al OJO del protocolo que deben seguir con las denuncias ingresadas al 0800. Aparentemente, por cuestiones de protocolos internos no se hacía. Se investiga por qué no se realizaban las denuncias”, describieron fuentes judiciales.

En el gobierno de Santa Fe advirtieron que “llama la atención” esta causa judicial, sobre todo por el “anonimato” de la denuncia sobre un tema que –según esta mirada– de “alguna u otra manera”, después de que se chequeaba la información, siempre llegaba a manos de la Justicia. Rechazaron que esa información sirviera para encubrir a alguna organización criminal.

En el gobierno de Perotti ven que hay una “sobreactuación” con determinados temas de seguridad en medio de la campaña política. Es que la inseguridad y la violencia fueron puntos críticos tanto de la gestión actual como de las dos anteriores, cuando a partir de 2013 los índices de homicidios se duplicaron en medio de la llamada “guerra narco”.

El fin de semana pasado se produjo un piquete por la inseguridad en San Lorenzo, ciudad cercana a Rosario, tras un violento robo a una mujer que resultó herida de un disparo en la cara. Un grupo de taxistas cortó la autopista Rosario-Santa Fe, una protesta de la que participó también el intendente radical Leonardo Raimundo, que va por su reelección.

La tensión ganó la ruta cuando se hizo presente el ministro de Gestión Pública de Santa Fe, Marcos Corach, quien también es candidato a diputado provincial. La discusión fue áspera entre los dos funcionarios y postulantes, en medio de un reclamo real de los familiares de la víctima.

“El ambiente no era de lo más placentero y no puedo dejar de pensar en una sobreactuación”, señaló este lunes Corach, quien agregó: “Intenté poner calma, pero me resultó muy difícil. Yo ya tengo unos años en la política y tengo la capacidad de discernir y diferenciar cuándo es genuino y cuándo está armado”.