ROSARIO.-Mariana Ortigala decía que le tenía más confianza a Ariel Cantero, líder de Los Monos conocido como Guille, que al Estado. Por eso, prefería que la custodiaran y protegerán miembros de esta banda narco. En marzo de 2020, dos sicarios, uno de ellos armado con dos pistolas, la intentaron matarla cuando subía a su auto. La hirieron de siete balazos en la espalda y los glúteos, pero sobrevivió. Ese ataque era consecuencia por haber declarado contra Esteban Alvarado, condenado a prisión perpetua, un narco rival de Los Monos.

Pero esta mujer y su entorno, entre ellos su marido, no solo gozaban de la “protección” de Guille Cantero, sino que también trabajaban para él, y realizaban extorsiones y atentados en su nombre, y otra sospecha: manejaban sus bienes.

Hoy a la madrugada, después de un día marcado por las elecciones en Santa Fe, Ortigala fue detenida junto a su marido en una mansión en la localidad de Funes, ciudad vecina a Rosario. La mujer, que tiene parte de su cuerpo con tatuajes religiosos, cambiaba de domicilio de manera permanente. Ella decía que era para evitar ser un blanco fácil de los sicarios que la buscaban. Ahora se supo además que era para despistar a los investigadores que seguían sus pasos.

Ortigala será acusada por el fiscal Pablo Socca de ser parte de una organización que llevaba adelante extorsiones y ataques a balazos e incendiarios contra una cadena de agencias de quiniela, que fue blanco de atentados desde 2021. En ese tiempo, según las fuentes judiciales, le reclamaban al dueño de estos locales 1,5 millones de dólares a cambio de paz y tranquilidad.

El fiscal ordenó 43 allanamientos, que incluyeron el hotel Faena, en Puerto Madero, donde estaba alojada Lorena Córdoba, otro miembro de esta organización. Se trata de la esposa del fallecido rey del juego clandestino en Rafaela David Perona, y tenía relación directa con Ortigala, de máxima confianza del líder de Los Monos. Era tal la afinidad entre ambos, que Vanesa Barrios, la pareja de Cantero, cumple la prisión domiciliaria en una de sus residencias en Funes.

En la investigación se detectó que Guille Cantero era quien estaba al tanto y daba órdenes para llevar adelante las extorsiones, cuyo brazo operativo, en una primera etapa, estaba a cargo presuntamente de Ortigala y su marido Felipe S.; este capítulo comenzó en 2021, cuando comenzaron a balear y a atacar con bombas molotov la cadena de agencias de quiniela El Califa.

En ese momento, de acuerdo a las fuentes judiciales, el pedido a los dueños de estos locales era para que pagaran 1,5 millones de dólares a cambio de no ser blanco de más ataques. El titular de la empresa no pagó ese monto, pero hasta ese momento no había denunciado los aprietes. Con el correr de los meses la tensión bajó.

Los ataques con bombas molotov volvieron a producirse este año. Pero había otro grupo, más pesado aún, al mando de las estrategias violentas para sacar dinero al empresario que tiene más de una decena de locales en Rosario. A cargo de esa facción estaba Maximiliano Díaz, alias Cachete, condenado en agosto pasado a 29 años de prisión, por planear un atentado a tiros contra el casino de Rosario, donde murió Enrique Encino, un apostador de 63 años que había salido a fumar a un balcón.

Cachete y su hermano Brian, también condenado cinco años de cárcel, ambos actualmente en prisión, volvieron a la carga para extorsionar al dueño de los locales de quiniela. Usaron bombas molotov en por lo menos dos casos para presionar por el cobro, que había bajado al monto de 100.000 dólares.

En ese momento la causa, a cargo de fiscalía de Balaceras, tomó un nuevo impulso y la investigación logró determinar quiénes extorsionaban al dueño de la empresa El Califa. Se determinó que Guille Cantero, desde la cárcel de Marcos Paz, era el que tenía el control de las operaciones de extorsión. No solo mantenía comunicaciones telefónicas, sino también personalmente con Ortigala, que visitaba al líder de Los Monos casi todas las semanas.

Esta mujer y su hermano Rodrigo habían formado parte de la banda de Esteban Alvarado, pero por problemas personales se separaron de su entorno. La falta de lealtad se paga caro en este rubro criminal. Alvarado mandó a matar a Ortigala e intentó involucrar a su hermano en el crimen del financista Lucio Maldonado, que fue clave para que lo condenaran a prisión perpetua.

Ortigala había convencido además a un exhombre de confianza de Alvarado, Carlos Argüelles, para que declarara contra su ex jefe. Eso le valió que lo ejecutaran en setiembre de 2021. Una de las hipótesis es que Ortigala no solo planeaba las extorsiones, sino también que era parte del entramado para lavar dinero de Los Monos. Tiene una cantidad importante de propiedades y vehículos que será difícil de justificar. En el fuero federal también está siendo investigada como un eslabón clave para el manejo económico de la banda.

Se presume que esta mujer, que había pertenecido a la banda enemiga de Los Monos y luego saltó de filiación narco, era quien después de recibir las directivas de Cantero en la cárcel de Marcos Paz derramaba la información a otros miembros de la organización para llevar adelante las maniobras de extorsión, que actualmente son más redituables que el narcomenudeo.

Este fenómeno criminal de las extorsiones empezó en 2018, luego de que Guille Cantero decidiera atentar contra 14 residencias de jueces y edificios judiciales por el descontento que tenía con su traslado a una cárcel fuera de Rosario, como era la Unidad Penal Nº7 de Resistencia.

A partir de allí comenzó a incursionar con mayor frecuencia en los pedidos de dinero en concepto de “protección”, a la vieja usanza de la mafia. Para que el negocio funcionara de manera aceitada debía irradiar terror y miedo, algo que estaba garantizado con el poder de fuego de la banda de Los Monos. Los mensajes intimidatorios que dejaban los tiradores se popularizaron bajo el lema: “Con la mafia no se jode. Plata o plomo”.

Ante la cantidad de hechos violentos contra negocios, empresas y casas de familia, el Ministerio Público de la Acusación creó en 2020 una Unidad Especializada en Balaceras, que quedó al mando de la fiscal Valeria Haurigot.

Lo que comenzaron a detectar en las investigaciones era que la mayoría de las tentativas de extorsión se organizaban desde las cárceles, donde están presos la mayoría de los jefes y segundas líneas de las organizaciones narcocriminales de Rosario. Para que el negocio pudiera funcionar fueron claves las comunicaciones desde los pabellones, donde los presos con los smartphones podían tener contacto permanente con los soldaditos que llevaban a cabo las tareas violentas.

En Rosario se suceden por día, en promedio, entre seis y siete balaceras –incluidos los heridos por arma de fuego– y unas cinco o seis son por extorsiones. Las exigencias de dinero por “tranquilidad” representan el 80%.