Durante cuatro años una banda formada por un empresario y un grupo de barrabravas de Boca fueron dueños de las calles en diez manzanas en Lomas de Zamora. Usaron el miedo y las amenazas de muerte para apoderarse del espacio público. Recaudaban sumas millonarias que les pagaban los puesteros que instalaban sus mesas de un metro cuadrado en las adyacencias. Tan grande fue el poder que ostentaron durante más cuatro años que cortaban el paso de los colectivos con pasajeros que pretendían llegar a la feria de La Salada.

“Ni se te ocurra sacar nuestros puestos porque tenemos autorización del municipio. Nosotros somos los dueños de la calle. La policía trabaja con nosotros”. Esa frase fue una de las amenazas que los integrantes de la organización comandada por Enrique Esteban Antequera, más conocido como “Quique”, propinaron a Liliana Acebedo cuando la mujer intentaba instalarse en Ribera Sur al 2600.

En las últimas horas, la Cámara de Casación Penal bonaerense rechazó los recursos presentados por Antequera, dueño de una de las tres ferias que funcionaban en el predio de La Salada. Con esta resolución, dictada por los camaristas Víctor Violini y Ricardo Borinsky, quedaron firmes las condenas a tres años y diez meses de prisión contra Antequera y otros cuatro acusados que habían sido sentenciados en la denominada causa La Salada II.

“Los puestos van a quedar así, no jodas más o te voy a hacer cagar. Quedate ahí o te tiro. No grites porque te pego un tiro”, le gritaban los integrantes de la patota que supuestamente respondían a Antequera, a los puesteros Ramona Cabral y Horacio Ezequiel Cardozo.

Jorge Castillo y Antequera se repartieron el millonario negocio de La Salada. Como referentes de las ferias Punta Mogote y Urkupiña obtuvieron ganancias siderales en el mayor mercado irregular de América. Sin embargo, a partir de la investigación encarada por el fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, se desbarataron sus grupos delictivos. Con sus detenciones, también se profundizó la guerra entre ambos dueños de La Salada.

Ese enfrentamiento había comenzado cuando Castillo se propuso copar las calles aledañas a la feria con más de ocho mil puestos de un metro cuadrado en los que cada comerciante pagaba un alquiler. Así, quien se jactaba de ser el “Rey de La Salada” llegó a recaudar varios millones de pesos por cada día de feria por la ocupación de un espacio que no era suyo, sino público.

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Debido a que la cantidad de puestos impedía que los colectivos con tours de compras llegasen hasta el predio donde funcionaba Urkupiña, Antequera le pidió a Castillo que los sacara porque perjudicaba el negocio. “No los voy a sacar porque si no los instalo yo, ese lugar lo va a ocupar otro y ese otro avanzará sobre mis negocios”, habría sido la respuesta de Castillo, según declaró Antequera en su testimonio ante la Justicia.

Antequera reaccionó y convocó a su amigo Aravena, también conocido como “Marcelo de Lomas”, uno de los referentes de la barra brava de Boca, para que lo ayudase a liberar las calles de los puestos instalados por Castillo.

Con esa declaración, quien aparecía como el presunto jefe de la asociación ilícita en la denominada causa “La Salada 2″, se convirtió en un inesperado arrepentido y apuntó directamente contra Castillo.

“Entre 2010 y 2014, Jorge Castillo comenzó a tomar las calles Tilcara, Virgilio, Azamor, Euskadi y Ribera Sur, mediante la instalación de puestos callejeros a través de un grupo de personas que trabajaba con él y al que todos conocíamos como Los Chaqueños”, expresó Antequera en su declaración como arrepentido.

Antequera, autodenominado fundador de La Salada, fue detenido en agosto de 2017 y acusado, como su viejo rival, de integrar una asociación ilícita que manejaba la venta clandestina en el enclave lindero al Riachuelo.

“Después de la reunión con Jorge Castillo, al ver su respuesta y que este no iba a ceder en la instalación de puestos callejeros, le pedí a Marcelo Aravena, con quien tengo una relación de amistad, que me diese una mano para controlar el avance de la gente de Castillo y de los otros grupos en la calle, es decir de quienes estaban perjudicando el negocio de Urkupiña”, manifestó Antequera.

En su declaración, Antequera mencionó a los supuestos barrabravas de Boca Hernán Ávalos, alias Fantasma; Santiago Vélez; Héctor Agüero, alias Pato; Ezequiel Barraza, alias Chicho, y a Santiago García, alias Cara Manchada, como integrantes del grupo de choque que le disputaba el territorio a Castillo.

Todos ellos fueron condenados a ocho años de prisión por amenazar a los comerciantes que tributaban a Castillo. Durante el proceso, el fiscal Scalera acusó de los sospechosos de amenazar con armas a los comerciantes con el objetivo de que abandonaran su trabajo, que para muchos constituía su única fuente de ingresos.

Aravena había sido apresado en agosto de 2017 en uno de los 30 allanamientos ordenados por el juez de Garantías Gabriel Vitale a pedido del fiscal Scalera. Por entonces, Aravena y Antequera fueron acusados de integrar una asociación ilícita que habría recaudado de manera ilegal más de $ 60.000.000 mensuales por cobrarles alquileres a comerciantes para que armaran sus puestos alrededor de la feria La Salada.

Según fuentes judiciales, esa recaudación se originaba en el cobro de alquiler a los 13.000 comerciantes que instalaban sus puestos en las adyacencias del predio de La Salada.

Antequera administraba 2000 puestos dentro de Urkupiña, uno de los tres complejos que funcionan en el predio de La Salada. Los otros dos centros comerciales son Punta Mogotes, manejado por Jorge Castillo y cuatro familiares . Mientras que la tercer feria estaba a cargo de una cooperativa.

Luego de recibir la condena fijada en tres años y diez meses de prisión, Antequera presentó un recurso contra sentencia dictada por el Tribunal Oral N° 9, de Lomas de Zamora, después de un juicio abreviado.

En esta instancia, el condenado no está obligado a reconocer su responsabilidad en el hecho por el que fue condenado. El beneficio que obtuvo constituyó en la reducción de la condena por haber colaborado con la investigación en aportar pruebas que abonaron la acusación contra otro integrante de la organización o un jefe.

Eso fue lo que ocurrió con los elementos que aportó Antequera y se consignaron en los fundamentos del procesamiento contra Castillo, quien decidió someterse a un juicio oral en lugar de recibir una pena más leve como ocurrió con otros 21 integrantes de la denominada banda de La Salada, que fueron sentenciados a penas de entre 3 y 8 años de prisión después de un proceso abreviado.

Al rechazar el pedido de Antequera, los jueces de la Cámara de Casación tuvieron en cuenta, por ejemplo, la declaración del testigo que Gastón Maidana, que afirmó que “Marcelo Aravena manejaba la banda Boca para Antequera, y que este último en persona les daba armas de fuego y les decía que no dejen que se arme lío dentro del predio”.

Aunque estaban enfrentados, Antequera y Castillo aplicaron métodos similares para combatir a los arrebatadores que elegían sus blancos entre la multitud que llegaba a la feria con bastante dinero para las compras, casi en forma mayorista en muchos casos.

Tanto Antequera como Castillo instalaron un Estado paralelo en sus ferias, donde fijaban las leyes y aplicaban castigos a los delincuentes que sorprendían cuando robaban, si someterse a las reglas fijadas por un Estado de Derecho.

Entre las pruebas que se incorporaron en el expediente figuran declaraciones de testigos que relataron las maniobras concretadas por la patota de la empresa de seguridad que operaba en Urkupiña cuando encontraban un ladrón en la feria. Los testigos aportaron los nombre de aquellos que aplicaban los castigos físicos y agregaron que las armas se guardaban en la oficina de uno de los encargados de la feria. Mientras que otra trabajadora indicó que la empresa de seguridad privada era “empleada por Antequera, al igual que la barra de Boca y algunos feriantes, como fuerza de choque. Los empleados de seguridad estaban armados y tenían libertad de acción con el aval de Antequera”.

Los sobrinos del Rey de la Salada, Jorge y Adrián, armaron una fuerza de choque para cobrar los alquileres de los puesteros estaba conformada por integrantes de las barras bravas de River y de Los Andes, que se identificaban como “Los Chaqueños” y “Los Cucos”.

Por su parte, Antequera decidió contratar a la facción de la barra brava de Boca que comandaba su amigo Aravena

“Impresiona la cantidad de dinero que recaudaban por las amenazas. Les cobraban a los puesteros por instalarse y a los frentistas les exigían peaje para poder llegar con sus autos a sus viviendas. Los jefes se mueven en vehículos de alta gama y tienen participación en algunos boliches de Lanús y Lomas de Zamora”, concluyó uno de los investigadores.ß