Cuando, el 1° de julio de 1987, dos efectivos de la comisaría 29a. de la Policía Federal y el juez Jaime Far Suau revisaron el cuerpo del expresidente Juan Domingo Perón en la bóveda familiar en el cementerio de la Chacarita, advirtieron que las marcas provocadas por el aserrín cadavérico que se impregnó en el uniforme de teniente general, todavía estaban frescas. Eran recientes. Los peritos concluyeron que los cortes en las manos del expresidente se habían realizado no más de cinco días antes. Ese informe figura en las primeras cinco páginas del expediente N° 54.248 que, a 36 años de la profanación de la tumba de Perón, sigue abierto.

Actualmente, la única posibilidad de que se pueda saber cuál fue el destino de las manos del expresidente, radica en que alguno de los tres integrantes que aún viven y formaban parte de la patota que, el 25 de junio de 1987 irrumpió en la bóveda de la familia Perón en el cementerio de la Chacarita, confiese.

Hasta el momento se sabe que dos de los miembros del grupo operativo que concretó la profanación, fallecieron en los últimos diez años. Si bien los investigadores del caso lograron identificar a los presuntos autores de la profanación, sus nombres se mantendrán en reserva debido a que no existen pruebas fácticas que permitan fundar una acusación en su contra.

El paso del tiempo y el pacto de silencio que mantuvieron los integrantes del grupo operativo que concretó el ataque, conspiran contra la posibilidad de que alguna vez se puedan conocer las identidades de los instigadores.

A esto hay que sumarle el hecho de que aquellos que sabían algo fueron asesinados: el cuidador del cementerio Paulino Lavagna y María del Carmen Melo, una mujer que ponía flores en la bóveda de Perón.

Far Suau, el primer juez que investigó la profanación murió al volcar su automóvil Ford Sierra en la ruta 3, a la altura de Coronel Dorrego. El vehículo golpeó contra el único peñasco que estaba al costado de la ruta y se incendió. Para los investigadores se trató de un atentado.

“Si bien no hay nadie imputado, después de 36 años la principal hipótesis es que los autores de la profanación formaban parte de un grupo inorgánico de inteligencia de una fuerza de seguridad que estuvo a cargo de la parte operativa del ataque. Se trata de resabios de la ‘mano de obra desocupada’ de la dictadura. Mucho más difícil resultaría establecer quiénes fueron los instigadores”, indicó uno de los letrados que representa a María Estela Martínez, viuda de Perón.

Ninguno de los responsables de las administraciones justicialistas y kirchneristas que estuvieron al frente del Poder Ejecutivo Nacional expuso interés en esclarecer el caso y saber qué pasó con las manos de Perón.

El último aporte de la Secretaría de Inteligencia (SI) al expediente fue un oficio de una página en el que se respondió a un cuestionario del juez de Instrucción Alberto Baños, que pidió informes sobre treinta personas mencionadas en el sumario, ante la posibilidad de que tuvieran alguna vinculación con el organismo que funciona en el edificio de 25 de Mayo N° 11. La respuesta de la SI (transformada ahora en AFI) fue que no había ninguna información sobre los treinta nombres que figuran en el expediente.

No hubo en este tiempo, desde lo alto del Estado, una decisión política clara de aportar los medios necesarios con el fin de que la Justicia detenga a los responsables de la profanación. Por eso, Baños tuvo que avanzar a ciegas y sin apoyo. A esto hay que sumar que, hace trece años, un grupo de desconocidos irrumpió en la casa del juez y robó tres cuerpos del expediente y una notebook.

Ante la falta de respuestas de la agencia de inteligencia, el juez Baños presentó dos pedidos de colaboración al gobierno de los Estados Unidos para que se informe si en los archivos de la CIA, había registros de algún seguimiento sobre la investigación de la profanación de la tumba de Perón.

Pero la CIA nunca respondió las solicitudes del juez Baños. A pesar de los atentados que sufrió y de las amenazas, el magistrado decidió mantener el sumario abierto. Nunca cerró la investigación desde que, en octubre de 1994, reabrió el expediente, cuando se conoció la noticia del hallazgo de un juego de doce llaves que abrían las cuatro cerraduras del marco de hierro que resguardaba el ataúd de Perón.

Para cortar las manos de quien fuera tres veces presidente de la Nación, los autores de la profanación utilizaron una sierra de Gigli. Se trata de un instrumento quirúrgico, con la forma de un fino alambre dentado, con dos lazos en los extremos.

Debido al poco espacio para accionar ese elemento, los cortes fueron desparejos, aunque certeros. La mano derecha, más próxima al vidrio blindado, fue cortada “en el límite superior de la muñeca, sobre el cúbito y el radio”. Mientras que la mano derecha fue mutilada, “por debajo del límite inferior de la muñeca, en la primera línea de los huesos del carpo”, según consta en el expediente.

Además de los restos de velas, al borde del estante donde estaba el ataúd con el cuerpo de Perón, los policías hallaron un protector de goma, en forma de dedo, que habría sido utilizado por los profanadores para manipular la sierra de Gigli y evitar cortarse con ese instrumento quirúrgico. Esto significa que los autores de la profanación no usaron una sierra eléctrica para amputar las manos. Recurrieron a un elemento más fácil de transportar y que no llamara la atención.

Los autores de la profanación usaron una masa de medio kilo, una punta y una vela para hacer el boquete, de forma de estrella irregular de 27 centímetros en su parte más ancha, por el que pasaron una cizalla para cortar la lámina de metal que cubría el féretro y la maleable sierra de Gigli para amputar las manos.

Esta pista fue confirmada por el peritaje que hicieron los investigadores en una de las empresas que fabricaban vidrios blindados, situada en la avenida Córdoba. Los detectives hicieron la prueba y tardaron 55 minutos en romper el vidrio de ocho placas y de 9 mm de espesor, cada una, separadas entre sí por una membrana y un polímero denominado polivinil butirol, capaz de soportar una descarga de FAL.

Con la maza y una punta de albañil se rompieron cada una de esas placas y con la vela se quemó el polímero que las adhería. Esto resultaba compatible con el hallazgo de restos de vela en el vidrio. Así, los detectives advirtieron que las velas no se usaron para iluminar el recinto, sino para quemar esas membranas. Debido a que en esa época no existían reactivos ni había capacidad tcnológica, no se pudieron levantar huellas de los elementos revisados y secuestrados en la bóveda.

Al levantar la tapa del féretro, se deslizaron el sable, la bandera argentina, un crucifijo y un portarretrato que contenía una carta manuscrita que María Estela Martínez escribió en las horas posteriores al 1° de julio de 1974, cuando su esposo falleció.

Roberto García, esposo de Lía Perón, sobrina nieta del expresidente, que estaba a cargo del cuidado de la bóveda familiar, llegó al cementerio el 29 de junio de 1987 para acondicionar el recinto ante la proximidad de la fecha en la que se cumplía un nuevo aniversario del fallecimiento de Perón, encontró los vidrios rotos, el boquete y el faltante de dichos elementos y decidió hacer la denuncia. En ese momento, García ignoraba que, además de los autores intelectuales y materiales, había otras personas que sabían que la tumba de Perón había sido profanada y que sus manos fueron cortadas.

Un día antes, Vicente Leónides Saadi, exgobernador y exsenador peronista catamarqueño, presidente del Consejo Nacional Justicialista, recibió una carta firmada por “Hermes IAI y los 13″, en la que se exigía el pago de US$ 8.000.000 por el rescate de las manos del general. Otra misiva fue recibida por Saúl Ubaldini, entonces secretario general de la CGT. La tercera carta llegó a las manos de Carlos Grosso.

Según consta en el expediente, el matasellos del Correo Central de los sobres que contenían dos de las cartas tenía fecha del 26 de junio de 1987, tres días antes de la denuncia. Esas cartas fueron confeccionadas con la misma máquina de escribir. La carta que recibió Ubaldini se envió de forma certificada el 29 de junio de 1987 y se hizo con otra máquina.

Según explicó uno de los detectives que investigó el caso, “Hermes IAI y los 13″ era una frase críptica que hacía referencia al capitán de la Inteligencia cubana, Hermes Peña Torres, que había muerto durante un enfrentamiento con una patrulla de la Gendarmería ocurrido en 1964, cerca de Orán, Salta. Además de Hermes, los efectivos de la Gendarmería abatieron a 13 integrantes del campo de entrenamiento de Montoneros.

Las tres cartas formaron parte de una maniobra de distracción para que se sospechara que sectores de la izquierda a los que Perón había expulsado de la Plaza de Mayo en mayo de 1974 estaban detrás del ataque; en realidad, los autores materiales de la profanación respondían a un grupo opuesto a los Montoneros.

Las cartas y la aparición de un exagente de Inteligencia identificado como Juan Alberto Imbessi, confirmaron la sospecha de que la maquinaria de los espías, se había instalado para que el caso quede impune y que nunca se pueda saber cuál fue el destino de las manos de Perón.