La monja Kumiko Kosaka enfrentaba el mayor pedido de condena: 25 años de cárcel. Estaba acusada, entre otros delitos, de ser autora de “abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser el autor encargado de la guarda y por ser cometido contra un menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo”, en una de las causas que investigaba los vejámenes cometidos en el ex Instituto Antonio Próvolo de Mendoza.

Sin embargo, ayer se conoció la sorpresiva sentencia que absolvió de todos los delitos a Kosaka y a otras cuatro imputadas por, principalmente, encubrimiento y omisión de las denuncias. Un fallo que será apelado por los abogados de las víctimas ante la Suprema Corte mendocina.

Kumiko Kosaka tiene 48 años y es oriunda de la provincia japonesa de Okasaki-Shi. Transitó la mayor parte del proceso bajo prisión domiciliaria, aunque en junio del año pasado, al cumplirse el plazo máximo de detención sin tener condena, fue liberada. A la “monja mala”, como la apodaron las víctimas de la “Casita de Dios”, se la acusaba de siete hechos; entre ellos, haber entregado a una menor a los sacerdotes para que fuera violada, además de colocarles pañales a niñas para disimular los ataques sexuales. Estas situaciones se desprenden del primer megajuicio, que terminó con las históricas condenas contra los sacerdotes.

Con la absolución de ayer, y después de dos años y medio de debate, con casi 400 audiencias y un centenar de testimonios, finalizó el tercer juicio del Próvolo, ya que el primero fue un proceso abreviado en el que el monaguillo Jorge Bordón, exempleado administrativo del colegio, confesó la autoría de los hechos, recibiendo una pena de 10 años de cárcel el 25 de septiembre de 2018.

Por otro lado, el segundo debate formal –conocido como “primer megajuicio”, que finalizó el 25 de noviembre de 2019– tuvo históricas condenas para los curas Nicola Corradi, fallecido el año pasado a los 85 años y sentenciado a 42 años de cárcel, y Horacio Corbacho, de 62, que recibió la pena de 45 años de prisión; en tanto, el jardinero Armando Gómez, de 52, fue condenado a 18 años de cárcel.

“Ahora nadie sabía nada”, “Vergüenza mundial”, “No tienen cara”, “Pura indignación y dolor”, “Lamentable, todo fundamentalismo e ideología”, “Es una decepción gigante”, “Una tristeza inmensa”, “La Justicia nos sigue revictimizando”, “Un asco todo”, “No pararemos hasta llegar a la más alta instancia judicial”.

Esas fueron algunas de las reacciones de las víctimas de los abusos sexuales cometidos en el ex-Instituto Antonio Próvolo de Mendoza tras conocerse ayer la sorpresiva sentencia en el “segundo megajuicio”.

“No faltó nada; se nota que no han tenido perspectiva de discapacidad y, por ende, no saben valorar la prueba”, expresó ayer a LA NACION Sergio Salinas, patrocinante de las víctimas y miembro de la organización defensora de derechos humanos Xumek.

“De hecho, en la lectura de la sentencia, la leen como si fueran oyentes, y los chicos y las chicas se confunden entre tantos artículos. Esto es un desastre, no estuvieron a la altura de los derechos humanos de las personas con discapacidad”, completó el letrado, quien confirmó a este diario que ahora realizarán la apelación mediante un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

“Hay testimonio, pericias que dicen la verdad, testigos de los hechos de otro, secuestro de objetos”, destacó Salinas sobre las pruebas contra Kosaka y las demás imputadas. “Esto le viene muy bien a la Iglesia, porque los encubrimientos siguen impunes”, remató el profesional, frente al malestar de sus defendidos.

El 25 de noviembre de 2016 vio la luz el caso Próvolo, tras allanamientos en el instituto ubicado en la comuna de Luján de Cuyo, en los que fueron detenidos sacerdotes y empleados del establecimiento religioso. Los abusos sexuales contra los chicos hipoacúsicos, ocurridos durante años desde fines de la década del 90, también tuvieron su correlato en La Plata, donde se encuentra la sede argentina de la entidad italiana. Este sitio fue la primera morada del hoy fallecido Corradi tras su arribo al país, aunque la Justicia bonaerense declaró años atrás la prescripción de la causa. De hecho, el sacerdote tenía denuncias acumuladas en su Verona natal.