Después de que el juez del concurso de Vicentin, Fabián Lorenzini, rechazara homologar su propuesta de pago y abriera un proceso de cramdown, los exportadores se pronunciaron por el caso de la cerealera cuyos trabajadores llevan dos semanas de marcha en defensa de los puestos de trabajo.

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La industria aceitera aseveró que llama la atención sobre los recientes hechos políticos que siguieron a la decisión judicial de no homologar la propuesta de pago en Vicentin. A través de un comunicado, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) “expresaron su profunda preocupación por las expresiones de autoridades políticas relativas a la reciente decisión judicial de primera instancia sobre el caso de la cerealera.

“Es imperativo que se respeten todos los procedimientos legales y la división de poderes, emanados de la Constitución Nacional, y se deben seguir sin desvíos los preceptos que de ella surgen. Violentarlos genera inseguridad jurídica, cuestionamientos a la propiedad privada, riesgos laborales y asimismo, aleja las inversiones en el país”, indicaron.

Señalaron así que desde Ciara-Cec se considera que “las recientes medidas judiciales pueden tener consecuencias en la estabilidad laboral y eso deteriorar las condiciones de funcionamiento de toda la industria, en un momento de debilidad macroeconómica, fuerte caída de la industrialización y exportación por la sequía y tensiones sociales de público conocimiento”.

Agregaron: “Si el Estado continúa con su decisión de constituir una empresa estatal agroindustrial exportadora, esta debería desempeñarse bajo las mismas condiciones de igualdad ante la ley y las reglas del mercado”. Por lo que agregaron que “cualquier tratamiento diferencial en materia financiera, impositiva o de otra naturaleza generará graves consecuencias económicas y sociales en este sector industrial”.

Por ese motivo, indicaron: “Se ruega a las autoridades nacionales y provinciales que eviten politizar las decisiones judiciales que no están en firme y que se abstengan de emitir mensajes que pueden ser interpretados como riesgo laboral para las familias de la industria aceitera nacional”.

Vicentin, que tiene una deuda de más de US$1500 millones, había elaborado una propuesta de pago a 12 años para devolver a los acreedores más del 30% de la acreencia y salir del concurso, pero la decisión del juez la tomó por sorpresa. El magistrado ordenó la apertura del período de concurrencia según el artículo 48 de la ley de concursos y quiebras, permitiendo que un acreedor o interesado externo presente una propuesta superadora para hacerse cargo de la cerealera mediante un cramdown.

Si hasta el viernes 29 de este mes, último día hábil de septiembre, ningún interesado se anota en el registro, como lo establece el período de concurrencia, “cramdown” o salvataje, estaría allanado el camino para que el juez de la causa decrete la quiebra de la agroexportadora.

Hace unos días, Silvina Batakis, presidenta del Banco Nación, admitió hoy que esa entidad se encuentra trabajando en una propuesta por la cerealera Vicentin. La entidad es acreedora de unos US$300 millones.

“Nosotros venimos trabajando. Esta semana vamos a estar a full con eso. No me gustaría anticipar nada porque tenemos que ver técnicamente todas las posibilidades que tenemos, pero lo que no queremos definitivamente es que la empresa se desguace”, dijo Batakis en declaraciones a Radio 10.

Luego, ante una consulta, amplió: “Uno puede asociarse para hacer una propuesta, pero esa propuesta tiene que incluir acreencia del Banco Nación; esa es la cuestión, pero lo estamos analizando”.

El tema no quedó ahí, ya que luego le preguntaron sobre qué significaría que el Estado se haga cargo. Contestó que “no sería el 100%″ y agregó que “la presencia” del Estado “garantiza que siga funcionando, siga estando en la frontera del conocimiento”.