SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Para dos familias que se habían mudado apenas seis meses antes a San Martín de los Andes, en Neuquén, el invierno de 2021 terminaría en tragedia. Cuatro chicos disfrutaban de la nieve cuando la rama de un enorme roble pellín se desprendió y cayó sobre dos de ellos, que tenían nueve años.

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Además del sufrimiento familiar –uno de los niños, Juani Saglietti, murió y el otro, Félix Frost, estuvo 12 días en coma, un mes internado en Buenos Aires y hoy se recupera de operaciones complejas–, el accidente expuso las múltiples falencias de los servicios de asistencia. Aquella experiencia que expuso la falta de coordinación entre las distintas entidades fue el puntapié inicial para que un grupo de vecinos decidiera impulsar la creación de una Central Unificada de Emergencias.

“Había nueve teléfonos a los que llamar en caso de emergencia, así que aquel 21 de agosto mi marido decidió pedir auxilio en el chat de vecinos y contar lo que estaba pasando. Fueron ellos los que se encargaron de avisar a los Bomberos, a las ambulancias, a la Policía”, cuenta a LA NACIÓN Florencia Martínez, la madre de Félix.

El día del accidente había alerta por las intensas nevadas y se recomendaba circular con cadenas y extrema precaución. Los dos chicos presentaban traumatismo de cráneo, pero la primera ambulancia en llegar al lugar arribó sin médicos, cuellos cervicales ni camillas. Los vecinos subieron a Juani –el niño que estaba más grave– a un kayak y lo arrastraron unos 600 metros hasta la ruta porque la ambulancia tampoco tenía cadenas para nieve.

Un médico que estaba de vacaciones escuchó los gritos y fue quien le dio los primeros auxilios. La segunda ambulancia llegó más tarde y con la puerta trabada (hubo que abrirla con una barreta). El padre de Félix tuvo que trasladar a su hijo a upa y no le permitieron acompañarlo en la ambulancia. También arribó una camioneta de Defensa Civil – sin cadenas para nieve, a pesar de ser la entidad que había emitido la alerta– que patinó en el hielo y quedó bloqueando el camino.

“De acuerdo con los registros de ese día en la localidad, hubo siete llamados telefónicos pidiendo auxilio. Ninguna de las instituciones contactadas indagó sobre la problemática, qué pasaba, cuántas personas había, dónde estaban, nada”, dice Yanina González, una de las vecinas que impulsa la iniciativa.

Lo que una decena de vecinos vivieron ese día en el barrio Alihuen Alto y lo que luego fueron detectando al empaparse de historias similares se transformó en un desafío: el de construir algo positivo a partir de una experiencia traumática y negativa.

“No hay un protocolo unificado ni responsabilidad de actuación de todos los organismos intervinientes. Queremos que, ante un llamado de emergencia, haya alguien capacitado y se sepa dirigir y coordinar la situación. No nos enfocamos en culpar a nadie, sino en mejorar y construir a partir de los errores”, afirma Martínez.

La lucha y el trabajo que ya lleva casi dos años desembocó, en principio, en el proyecto de la Central de Emergencias de San Martín de los Andes (Cesma). Tal como la define el grupo de vecinos que impulsó su creación, se trata de una herramienta para unificar la acción de policías, bomberos, ambulancias, Parques Nacionales, Gendarmería, Protección Civil y todas las áreas que intervienen ante un accidente. La idea contó con el apoyo escrito de 27.000 personas, más del 50% de la población local.

El empuje de los vecinos también derivó en una ordenanza del Concejo Deliberante, que crea la Cesma y la ubica bajo la órbita municipal. Ahora está en proceso de reglamentación. A su vez, consiguieron que un privado done el terreno en el que se construirá la central, en acuerdo con la municipalidad y los concejales de todos los bloques. El predio se ubica en el barrio Cordones del Chapelco.

Natalia Vita, secretaria de Gobierno de la municipalidad de San Martín de los Andes, señala: “Venimos trabajando desde el primer momento con los vecinos. Así se armó el proyecto de ordenanza que se presentó en el Concejo Deliberante y que se aprobó en diciembre del año pasado. A partir de ese momento empezamos a trabajar en la concreción de la central de emergencias. Hoy estamos trabajando con las distintas instituciones en los protocolos y hemos contratado a las personas que están recabando los datos estadísticos. Nuestra intención es que se concrete lo antes posible, teniendo en cuenta el empuje de los vecinos. La idea es que sea una cuestión público-privada, que podamos trabajar en conjunto para la capacitación del personal”.

Por ahora, la incipiente central funciona en una oficina de la delegación municipal Vega Centro, donde dos personas recaban datos estadísticos sobre emergencias y accidentología. Esa información servirá para el desarrollo de un software específico para la atención de la central y para el diseño de protocolos de actualización unificados en esa ciudad.

Además, en lugar de que existan nueve números posibles a los que llamar ante un accidente, los vecinos vienen trabajando, entre otras cuestiones, en que se implemente el 911. En ese sentido, a principios de junio, Federico Schmidt, director de la empresa Soflex, estuvo en San Martín de los Andes y brindó detalles del funcionamiento del software que actualmente usan la Policía Federal, el gobierno de San Juan, el SAME y 135 municipios de todo el país, como Tigre y Lanús.

La provincia de Neuquén adhirió recientemente al programa 911 Federal para la utilización del software de Soflex y firmó el contrato con esa compañía. En línea con eso, los vecinos que vienen apuntalando el desembarco de la central de emergencias necesitan contar con un espacio físico, personal capacitado y hardware, es decir, las computadoras. El modelo que quieren concretar es multiagencial, en el que los organismos provinciales y municipales interactúen de manera coordinada.

Para la construcción del edificio definitivo, están tendiendo redes para conseguir donaciones de distintos corralones y hay un arquitecto que trabaja ad honorem en el diseño de la central. En paralelo con sus trabajos y vidas familiares, los vecinos involucrados crearon una asociación civil que propone ser un organismo de control en todo el proceso. Buscan contagiar trabajo en equipo y profesionalismo.

Aunque se toparon con muchas resistencias, saben que la Central Unificada de Emergencias se hará realidad por el propio peso de una localidad que dejó hace tiempo de ser una aldea de montaña y que, además, recibe miles de turistas todo el año. Los padres de las víctimas, sus amigos y conocidos cuidan y discuten cada detalle del proceso, e incluso han decidido seguir vinculados con la central, no solo para captar recursos, sino también como una suerte de contralor y como un vínculo entre el Estado y los privados.

Ahora, los vecinos se movilizan para que, en el corto plazo, se implemente la ordenanza, se concrete la construcción del edificio y haya un acuerdo entre la Nación, la provincia de Neuquén y el municipio para empezar a usar el software en la central. Cuando esté en funcionamiento, tendrá unos ocho empleados capacitados trabajando las 24 horas.

“Es agotador. Muchas veces necesité correrme un poco, como los papás de Juani. Pero somos muchos metidos en esto y siempre hay alguien que sigue batallando. Pero pienso que en el futuro va a ser algo mejor para todos”, concluye Florencia.