Luego de que el juez José Ignacio Ramonet ordenara el embargo por más de $5 millones contra la pyme Lácteos Vidal, hoy organizaciones empresariales y asociaciones de productores agropecuarios se acercaron al Juzgado de Trabajo N° 69 de la Capital Federal para manifestar su apoyo a la empresa y entregar un petitorio para que el magistrado revea el fallo que afecta a la láctea de la localidad bonaerense de Moctezuma. El petitorio lleva la firma de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel), la Unión de Emprendedores de la República Argentina, la Red de Mujeres Productivas (RMP), la Asociación Mujeres Americanas (AMA), la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines (Caicha) y el Movimiento Empresarial Antibloqueo (MEAB), que hizo la convocatoria al lugar.

El juez ordenó que se embargue la cuenta bancaria de la pyme por $10.000 por día por empleado no reincorporado. La empresa había despedido a 26 trabajadores en medio del bloqueo realizado el año pasado por parte de trabajadores y miembros del gremio lechero Atilra.

Bajo el lema “No dejemos morir a Lácteos Vidal”, cerca de las 11 Alejandra Bada Vázquez, propietaria de la láctea, junto con un grupo de referentes de empresas y entidades de la producción se convocaron frente al juzgado laboral por iniciativa del MEAB.

“Estamos acá en defensa de la libertad de trabajo, de la propiedad privada y del derecho de organización y dirección de una empresa. El país está fundido y la única manera de salir adelante es con trabajo. Por eso le venimos a pedir a la Justicia laboral que cuide las fuentes de trabajo, que cuiden al empleado que quiere trabajar”, dijo a LA NACION Bada Vázquez en la puerta del juzgado.

“Me siento acompañada. Me genera una sensación de esperanza de que todavía podemos cambiar y que se respeten las instituciones y los derechos”, agregó la empresaria, que se emocionó mientras la saludaban.

Rodolfo Llanos, presidente de la Unión de Emprendedores de la República Argentina, una de las cinco organizaciones firmantes, leyó el petitorio al que titularon “Ni una pyme, ni un emprendedor menos”. Allí, entre otras cosas, pidieron a Ramonet “rever el fallo que condena a una gran e histórica empresa como es Lácteos Vidal” y que “no permita” que la láctea ”desaparezca”.

El dirigente explicó que también se le solicitó al juez que no embargue las cuentas corrientes, que respete los plazos de la justicia penal, que no se le obligue a reincorporar a los trabajadores que fueron despedidos. También propuso que los bienes o una caución sirvan como garantía de que va a cumplir con los compromisos.

Bada Vázquez contó a este medio que el juez no la dejaba sustituir el embargo preventivo, dando un camión y dos acoplados en garantía, y que por esa razón le iba a sacar la plata que tiene para pagar sueldos, cargas sociales, proveedores, impuestos, etcétera.

”Vinimos a reclamar la libertad de trabajo, el bloqueo es un delito. Necesitamos que el Estado haga lo que le corresponde y que las instituciones respeten a los que damos trabajo y hacemos crecer al país. Las pymes mantenemos vivo a todo el país y nos están ahogando, quitándonos las ganas de seguir invirtiendo y trabajando, que es lo que nos enseñaron nuestros abuelos y padres. Nuestros hijos se están yendo del país porque no encuentran futuro en esta gran Argentina”, señaló, por su parte, Bernardo Fernández, vicepresidente de MEAB.

En el petitorio las entidades expresaron su preocupación por la situación de las personas jurídicas. Y resaltaron la importancia de reconocer los derechos y garantías de las entidades empresariales.

Al magistrado le expresaron: “Queremos expresarle que las personas jurídicas están conformadas por personas físicas de todas las ideologías. Sin importar a qué candidato vota su fundador/a; cuando una persona jurídica aporta lo hace pensando en ayudar a darle salud, educación, justicia y seguridad a todo el pueblo argentino”.

“Toda una sociedad salió a la calle cuando en un proceso oscuro de nuestra historia un grupo encaramado en el poder hizo desaparecer personas físicas. Las personas jurídicas no son escuchadas. Sus reclamos desechados y cercenadas sus libertades individuales y colectivas”, agregaron.

Instaron al juez a escuchar y atender los reclamos de las personas jurídicas, respetando sus libertades individuales y colectivas. “Cuando la reforma del CCyC nos dio el status de personas, lo hizo pensando en personas jurídicas como Lácteos Vidal. Le pedimos que bajo su justa, humana y comprometida decisión no permita que una persona jurídica como Lácteos Vidal desaparezca”.

“En estos tiempos de oscuridad le solicitamos a VS que despeje la bruma recordando los hermosos textos que nos legaron nuestros padres fundadores para que sirvieran de guía en momentos como estos”, indicaron.

También la Asociación de Mujeres Americanas presentó una carta al juez en donde le expresaron: “Le pedimos encarecidamente que no permita que Lácteos Vidal desaparezca. No es posible trabajar, producir, ni exportar con bloqueos en las plantas de la fábrica. Si la empresa cerrara, se perderían todas las fuentes de trabajo. El país perdería y nadie quiere eso”.

En este marco, desde el gremio lechero Atilra dieron a conocer, por su parte, el apoyo de la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (Anjut) al magistrado Ramonet.

“Ante los hechos difundidos en diversos medios periodísticos y sitios de internet, que dan cuenta de una indiscriminada lapidación mediática, así como de la promoción de “escraches” contra el juez a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo N° 69, Dr. José Ignacio Ramonet -motivadas por el dictado de una resolución pronunciada en ejercicio de las atribuciones jurisdiccionales que les han sido constitucional y legalmente atribuidas, y que fue confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, tribunal de revisión competente- la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT) manifiesta la solidaridad con el magistrado afectado, y expresa su más honda preocupación, exhortando a todos los actores involucrados a respetar las decisiones que los jueces y juezas laborales adoptan en el marco de las causas sometidas a su conocimiento”, dijo.

Añadió: “Asimismo, ante las livianas descalificaciones que -sin rigor jurídico alguno- pretenden hacer aparecer como “extorsivas” las medidas adoptadas por los trabajadores y las trabajadoras en ejercicio de sus derechos colectivos, recordamos que -según lo establece nuestro orden jurídico constitucional (arts. 14 bis y 75.22, C.N.) y lo ha destacado en forma reciente y categórica la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Opinión Consultiva N°27/21, del 5/5/2021)- los derechos a la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga son derechos humanos de máxima jerarquía que deben ser imperativamente protegidos por los distintos poderes del Estado”.