“Es un país que tocó fondo y que está arrancando”. Eso es lo que, según el contratista argentino Ariel Rossi Videla, está sucediendo en Venezuela. Esta es la razón por la cual, junto a su socio Sebastián García, iniciaron hace un año un proyecto de inversión en la compra y producción agrícola de tierras en el sur del Estado Anzoátegui.

En diálogo con LA NACION, Rossi Videla contó que hace dos años volvió a tomar contacto con García, un ingeniero agrónomo venezolano que luego de vivir varios años en la Argentina, decidió regresar a su país en 2019 y comenzó a producir. “Me comentó sobre la gran oportunidad de rentabilidad que existía allí y me sugirió que me uniera”, cuenta Rossi.

Según el contratista, Venezuela presenta un sector agrícola subexplotado, con grandes necesidades de inversión en tecnología de maquinaria y producción agrícola. Sin embargo, también posee un gran potencial y un escenario de rentabilidad interesante, con la posibilidad de una rápida amortización. A pesar de reconocer los desafíos y riesgos asociados, considera que las inversiones en el sector agrícola pueden ser rentables en el país.

“Venezuela es un país que necesita producción agrícola para consumo humano directa o indirectamente. Aunque no brinda financiamiento, te da la posibilidad de importar y producir. No pone trabajas como hay aca”, dice.

Rossi señala que conoció a García en 2007, cuando le prestaba servicios a la empresa en la que el venezolano trabajaba. “Sebastián se casó con una compañera del colegio que era venezolana, que como es odontóloga, no se le permitió ejercer su profesión, lo que los llevó a regresar juntos a Venezuela”, relata.

Al regresar a su país natal, su socio comenzó a producir 300 hectáreas en el oeste del Estado de Guárico y a asesorar a otros productores. El año pasado, García visitó la Argentina y juntos hicieron una visita a pools de siembra para buscar interesados en comenzar a producir en Venezuela.

“Durante ese recorrido, encontramos un inversor que sembró 3000 hectáreas el año pasado. Este año planea sembrar 4000 hectáreas adicionales, y el objetivo para el próximo año es llegar a las 15.000 hectáreas, con un 60% dedicado al cultivo de maíz y el resto para soja”, expresa. Este año sumaron otro inversor con quien también aspiran a alcanzar las 15.000 hectáreas. Según detalló, con los inversores compraron 5000 hectáreas y el resto de la producción se hace en tierras arrendadas.

En rigor, en Venezuela los precios de la tierra oscilan entre los US$500 y los US$1000 la hectárea, dependiendo la región. Y hay dos regímenes de propiedad: uno con campos del Instituto Nacional de la Tierra (este esquema usan los inversores argentinos), que pertenecen al Estado y se dan en concesiones al sector privado, y otro con explotaciones “totalmente privadas”.

En cuanto a las metas de producción, aspiran a producir 7000 kilos de maíz por hectárea y aumentar el rendimiento de la soja de 2500 kilos a más. En el caso de la oleaginosa, explican que el bajo rendimiento se debe a la escasa exposición a la luz solar.

“El limitante que tuvimos son las herramientas de trabajo. Las sembradoras, las cosechadoras y los tractores. Son modelo 2007 a 2010 de chica a medianas y, como nosotros en la Argentina estamos acostumbrados a gran escala, quedan chicas”, dice. Asimismo tampoco existe la figura del contratista.

Por esa razón, empezaron a viajar a Brasil para buscar maquinaria. A la vez que se hizo un contacto, con éxito, con empresas argentinas que puedan estar interesadas en vender herramientas en Venezuela.

Uno de los principales miedos que, según cuenta, manifiestan los inversores es el temor a que el gobierno chavista atente contra el derecho a la propiedad privada. “Es una etapa que ya pasó, fue hasta al 2010, y al menos en lo que respecta a las tierras expropiadas, vemos que se están llevando a cabo procesos de devolución. Por eso los inversores ven que el gobierno está facilitando las cosas para fomentar la producción”, afirma.

Con lluvias de 1000 a 1500 milímetros según la región, indica que “no hay problemas por factores climáticos porque no hay piedras, ni heladas, hay disponibilidad de agua para riego a bajo costo”.

El único impuesto es a las Ganancias y no existen las retenciones, según describe. “Es un Estado que te permite trabajar porque, además, podés importar y exportar sin problemas”, dice.

Por otro lado, en relación con el precio indica que se paga el precio pizzara de Chicago y, en algunos casos, US$100 extra. “Debido a la escasez de producción de materias primas, los industriales se ven obligados a importarlas desde Nueva Orleans, lo que conlleva un costo aproximado de US$200 por transporte. En lugar de incurrir en esos gastos, prefieren pagar un extra de US$100 a quienes producen en el país para que no lo exporten y produzcan”, dice.