“En defensa de nuestros hijos”: Padres Organizados reclama ante la defensoría de la niñez por la pérdida de clases
El 22 de junio pasado, en coincidencia con una jornada de ...
El 22 de junio pasado, en coincidencia con una jornada de paro nacional docente, la red de Padres Organizados, surgida durante la pandemia para reclamar por la educación presencial en la Argentina, realizó una presentación ante la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en reclamo por la pérdida de días de clases y la inacción de las diferentes autoridades educativas.
La organización solicitó a Marisa Graham, titular de la Defensoría desde febrero de 2020, tres puntos. En primer lugar, que junto a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia articule la creación de “un informe circunstanciado que devele el cumplimiento del calendario obligatorio de 190 días de clases en cada jurisdicción del país, días de paro llevados adelante por gremios y sindicatos docentes y no docentes de la educación, cantidad de niñas, niños y adolescentes (NNyA) afectados por la interrupción de clases, y mecanismos articulados por las jurisdicciones locales para enfrentar los paros y la recuperación de contenidos pedagógicos”.
Asimismo, requirieron a Graham que “promueva las acciones pertinentes para proteger los intereses colectivos de recibir educación de NNyA, interponiendo las acciones contra los Estados provinciales y la Ciudad de Buenos Aires que permitan el acceso a la educación de este grupo vulnerable y solicitando las sanciones por incumplimientos que afectan los derechos indicados”.
“Hasta el momento, ninguno de todos los defensores de cada jurisdicción de la Argentina ha actuado en defensa de nuestros hijos”, afirman en el documento firmado por la Red de Familias y Padres Organizados por la Educación, así como por 21 suborganizaciones locales de Buenos Aires, la Capital, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
Ocho días más tarde, el 30 de junio, llegó la respuesta de Graham. En relación a los días de clase, explicó que la Defensoría “da seguimiento especial a este tema” y recordó que en octubre del año pasado se publicó el Pronunciamiento N°13, en el que se observaba que la cantidad de días establecidos para ese año por el Consejo Federal de Educación seguía siendo menor que el promedio de los países de la región.
“Es importante destacar que el cumplimiento del objetivo de los 190 días de clase fijados corresponde a cada jurisdicción provincial, sobre las cuales realizamos seguimiento. En el mismo pronunciamiento, manifesté preocupación por otra problemática que, específicamente en la escuela primaria, atenta contra los días de clases: el ausentismo, sobre el cual es escasa aún la producción de datos que permitan hacer los seguimientos particulares de cada trayectoria escolar”, dijo Graham.
Por último, remarcó que la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes es “un organismo de control, que no ejecuta, no legisla, no dicta sentencia, sino que controla que los diferentes poderes y organismos cumplan su función y brega por la garantía de los derechos de NNyA. En este marco continuamos trabajando de forma propositiva con todos los actores políticos y sociales, incluyendo las familias, y generando espacios de protagonismo de las y los estudiantes”, concluyó.
María José Navajas, cofundadora de Padres Organizados, señaló a LA NACION que la decisión de solicitar la intervención de la Defensoría surgió a partir del entendimiento de que, ante vulneración del derecho a la educación dada por la reiteración de medidas de fuerza sindicales, esta podría velar por los derechos de los chicos.
“Dado que las autoridades respectivas (gobernadores, ministros, etc.) no toman dimensión de la gravedad del asunto, pensamos que la defensora podía desempeñar un papel más efectivo, exigiendo una solución concreta e inmediata. Sin embargo, su respuesta elude cualquier posibilidad de reclamo efectivo ante los responsables de dejar a los chicos sin educación. Ni siquiera ofrece una contestación al pedido de informes sobre el cumplimiento real de los calendarios escolares en las distintas jurisdicciones”, consideró Navajas.
Por otra parte, sostuvo que le resultó “muy llamativa” la preocupación de la Defensoría por los niveles de ausentismo de los estudiantes, pero que sin embargo no hiciera mención alguna al problema del ausentismo de los docentes y a la falta de reemplazos en tales circunstancias. “A nuestras redes llegan constantemente mensajes de familias que observan cómo sus hijos pierden días de clases por ese motivo, mientras los directivos no ofrecen ninguna solución, ni los ministerios siquiera registran la situación”, detalló.
“Finalmente –agregó Navajas– queremos señalar el notable sesgo de las publicaciones en las redes sociales de la Defensoría. Mientras provincias como Santa Cruz y Chubut que llevan varios años de conflictos gremiales no han merecido la atención de la Defensoría, otros casos como el más reciente de Jujuy han generado una considerable cantidad de declaraciones de su parte. En definitiva, no encontramos en el accionar de la defensora, a lo largo de los tres años que lleva en el cargo, una vocación decidida por intervenir en favor de los NNyA que vienen padeciendo escuelas cerradas o aulas sin docentes, con todo el daño que eso implica para su presente y futuro”.
LA NACION intentó contactar a Graham a través de uno de sus colaboradores, pero al cierre de esta nota no había obtenido respuesta.
Al menos hasta el 31 de mayo, solo cinco provincias habían cumplido con el calendario escolar pautado para la escuela primaria en 2023: Mendoza, Formosa, Jujuy, San Luis y Catamarca.
Así surge de un informe elaborado por la organización Coalición por la Educación –una agrupación conformada por expertos, padres, docentes y representantes de diferentes organizaciones sociales para pensar en conjunto la educación argentina– que identificó cuántos días de clase se dictaron en cada una de las 24 jurisdicciones, cuántos se perdieron y por qué razones.
Según afirmaron desde Padres Organizados, comunidad que hoy alcanza a cerca de 120.000 personas en redes sociales, los requerimientos planteados en el reclamo a la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes no se detendrán “hasta no ver normalizado el derecho humano de ir a la escuela para todos los niños, niñas y adolescentes de este país”.
