En un húmedo calabozo de La Plata se esconden los secretos de una gigantesca trama de corrupción enquistada en la política bonaerense. Allí lleva varios días alojado un electricista de la Legislatura provincial que fue detenido cuando retiraba, con 48 tarjetas de débito, los sueldos de personas contratadas en la Cámara de Diputados que, curiosamente, nunca habían denunciado el robo o extravío de esos plásticos bancarios. Todo indica que el electricista sería apenas un eslabón –quizás el más débil– de un verdadero sistema que ha convertido a la Legislatura de la mayor provincia argentina en la fachada de una especie de financiera clandestina que alimenta los bolsillos de la política y los patrimonios personales de muchos dirigentes. Detrás de una maniobra torpe, ejecutada en la oscuridad de la noche, pero a la vista de todos, funcionaría un aceitado “mecanismo” que podría quedar en evidencia si la Justicia tirara de la cuerda.

El episodio ha sido retratado en la crónica de estos días. Era sábado y una vecina esperaba su turno en el cajero automático. Le llamó la atención el tiempo que demoraba un hombre delante de la máquina y observó que operaba con una llamativa pila de tarjetas mientras extraía montañas de pesos que guardaba en sobres y acomodaba en una bolsa negra de residuos. Decidió alertar a la policía y el “metódico” electricista –que tenía un registro de claves y guardaba meticulosamente los comprobantes de extracción– fue aprehendido con “las manos en la masa”. Ocurrió a una cuadra de la propia Legislatura y justo enfrente de la Gobernación. Para entender la escena quizás haya que tomar perspectiva y mirar la escenografía completa. Ahí aparece una Legislatura prácticamente paralizada, con un inmenso presupuesto y un manejo teñido de opacidad. Aparece también un “mecanismo”: la designación de “empleados fantasma” para generar un ducto de dinero negro que circula en sobres, bolsas y valijas para alimentar los voraces bolsillos de “la política”.

Todo remite a un sistema que carcome desde adentro el tejido institucional de la provincia. La Legislatura se ha enviciado y pervertido progresivamente con un manejo laxo, arbitrario y discrecional de recursos públicos que atraviesa a todo el sistema político. No empezó ahora, sino hace muchos años, primero con la asignación de “módulos” de dinero que cada legislador administraba sin rendir cuentas. Así como algunos los usaban para contratar empleados, otros lo hacían para beneficiar a parientes, militantes y allegados. Después se agregaron las becas y los subsidios, que ponían en manos de los diputados chequeras de libre disponibilidad. También se prestaron a “dibujos” y desviaciones de todo tipo, pero “la piñata” era tan grande que nadie se atrevió a pincharla. Las oficinas de “control” forman parte de “el negocio”.

El presupuesto de la Legislatura, concentrada en una sola manzana que alberga a 138 legisladores, tuvo en las últimas dos décadas un crecimiento exponencial. Hoy es de $62.130 millones anuales, una cifra que –para dimensionarla– es muy superior al presupuesto de la capital de la provincia, en la que viven casi un millón de habitantes. Y los mecanismos de desviación se expandieron: lo que antes era marginal ahora pasó a ser central.

Hoy, los diputados y senadores son, en su mayoría, “delegados-recaudadores” de los caciques territoriales. Cuando se pregunta por tal o cual legislador, la respuesta es invariable: “es de Fulano”. Ya no se elige a dirigentes con peso propio ni con trayectoria o autonomía política, sino a soldados disciplinados que tratan de pasar inadvertidos y resultar eficaces en el gigantesco “mecanismo” que financia a “la política” y a “los políticos”. El sistema también expulsa y desalienta a los mejores. ¿Quién iría a arriesgar una trayectoria en el fango de una institución que ha extraviado hasta la dignidad y el decoro? Al pasar por una banca, el que no queda manchado queda decepcionado. No hay debates, no hay producción legislativa, no hay casi trabajo institucional. Todo se reduce a un “toma y daca” de contratos, “módulos”, partidas, “sobres” y favores, donde brotan, como hongos, pequeñas mafias artesanales que hacen funcionar “el sistema”.

Lejos de ser una institución que aporte calidad e innovación al debate público, y que prestigie a la dirigencia política, se ha convertido en un ámbito que socava los pilares institucionales y que degrada la representación democrática. Frente a este paisaje, resulta ensordecedor el silencio de líderes partidarios. ¿Quién ha levantado la voz para que se investigue a fondo el caso de los “empleados fantasma”? ¿Alguien ha escuchado al gobernador reclamar el esclarecimiento de un sistema tan perverso? Tal vez ya se ha llegado al extremo de naturalizar “el mecanismo” como inherente a “la política”. Hasta los “enemigos” de “la casta” (algunos, incluso, que han pasado por esa Legislatura) han eludido cualquier referencia al episodio del electricista y las tarjetas de débito. Nadie se ha mostrado escandalizado, y ni siquiera extrañado. Desde la sociedad civil tampoco se han registrado reacciones. En tiempos de cartas y pronunciamientos, no hubo una sola recolección de firmas para exigir transparencia y saneamiento frente a las evidencias de corrupción en el Parlamento de la principal provincia argentina. Una suerte de indiferencia dirigencial tal vez termine incubando peligrosos brotes antisistema. Por el camino de los abusos, la impunidad y la malversación del Estado, se llega a nuevos autoritarismos que un buen día son ovacionados mientras le ponen un candado al Poder Legislativo.

El oscuro mecanismo de recaudación que asoma en la Legislatura no solo produce una degradación institucional, sino también cultural. Detrás de esas tarjetas de débito hay personas a las que, supuestamente, la política les dio “un trabajo”. Ese electricista que iba un sábado a la noche a exprimir cajeros automáticos se mueve en un ecosistema en el que eso también es “salir a trabajar”. El poder ha institucionalizado una especie de marginalidad laboral en la que las nociones de legalidad, ética y obligación son por lo menos difusas. Para cobrar no es necesario tener un empleo. La malversación de la política y de las instituciones termina extendiéndose como una mancha de aceite que corrompe hasta las ideas de militancia, de trabajo, de representación y de servicio público.

“Esto lo sabe todo el mundo”, dice un experimentado político bonaerense. El que no forma parte mira para otro lado. Funciona una suerte de cinismo cómplice que ha terminado por consolidar una cultura basada en la hipocresía institucional.

En una sola noche, el “electricista legislativo” había embolsado casi un millón y medio de pesos, solo porque el cajero automático fija un tope de extracción. Al titular de cada tarjeta la Legislatura le deposita 580.000 pesos por mes, de manera que por ese solo paquete se extraían más de 27 millones mensuales (casi 350 millones por año). Sin embargo, se sabe que el electricista tenía muchas más tarjetas y que además no sería el único encargado de hacer extracciones nocturnas. “Son como carteras de ñoquis: él tenía una, y no de las más grandes”, cuentan cerca de la Legislatura. “El volumen es impresionante”, reconocen.

¿A dónde va ese flujo de dinero negro? Una parte se destina al pago de las campañas permanentes (desde locales, encuestas, pintadas, viajes y publicidad, por citar algunos ítems); otro, a la militancia rentada, y una porción, no necesariamente la menor, a bolsillos personales. En los pasillos de la política bonaerense, hoy muchos hablan en voz baja del acuerdo de divorcio de un encumbrado dirigente provincial al que su exesposa le reclamaba 50 millones de dólares y habría cerrado, aliviado, por menos de la mitad. ¿Hay un hilo que conecta ese patrimonio millonario con la “caja negra” de la Legislatura provincial? Si la Justicia decide ir a fondo, tal vez surja una respuesta.

Otra pregunta es de dónde sale el dinero. Y la respuesta hay que buscarla en miles de escuelas deterioradas, en patrulleros destartalados y en guardias hospitalarias donde faltan desde enfermeros hasta gasas. Pero la respuesta también está en un Estado quebrado, en una inflación galopante y en un déficit crónico que ha convertido a la Argentina en un mendigo internacional. La Nación, en los últimos cuatro años, le ha girado a la provincia un enorme flujo de transferencias discrecionales. Solo el año pasado rozaron los 250.000 millones de pesos, y una buena parte ha ido al barril sin fondo de la Legislatura.

El puntero y empleado legislativo que manejaba “un paquete” de tarjetas de débito es conocido, además, como encargado de un merendero en la periferia de La Plata donde ofrecen leche y galletitas a chicos de hogares indigentes. Tal vez sea más que una metáfora: la corrupción de la política hace crecer esa pobreza. De un lado se roban millones y del otro se ofrecen migajas bajo la bandera de la “solidaridad social”. Un electricista, detenido con una bolsa negra llena de plata, nos permite conectar los cables sueltos de un sistema que se degrada a sí mismo.