El escándalo de las tarjetas con las que Julio “Chocolate” Rigau fue detenido hace poco más de un mes instaló el mutismo en buena parte de la dirigencia bonaerense y puso a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires en el ojo de la tormenta. Pasados 21 días del suceso, Juntos por el Cambio, luego del estupor inicial, reaccionó con un comunicado en el que daban a conocer una propuesta de reforma de la Legislatura que finalmente fue presentada este viernes.

La iniciativa, que lleva la firma del diputado radical Maximiliano Abad, jefe del bloque de JxC, busca alivianar la estructura del parlamento instalando un modelo unicameral -como el que tienen la mayoría de las provincias - a través de una reforma de la constitución de la provincia. El objetivo primordial es reducir el tamaño con el fin de achicar gastos y ganar agilidad en el tratamiento parlamentario.

Sin embargo, el proyecto de ley, sobre el cual JxC estuvo trabajando con anterioridad al caso “Chocolate”, parece no guardar vínculo con el escándalo de las tarjetas: no contempla ningún mecanismo para favorecer una mayor transparencia, ni en la contratación de los empleados ni en el funcionamiento de una legislatura signada por la opacidad. Tampoco explicita intencionalidad alguna en ese sentido. El escrito, apunta, fundamentalmente, a achicar.

“Proponemos reformar la Constitución provincial en los artículos vinculados a la organización del Poder Legislativo, para pasar del sistema bicameral actual hacia uno de tipo unicameral”, se lee en el documento presentado el pasado viernes en mesa de entradas. El corazón de la propuesta, en virtud de la eliminación de una de las cámaras, es llevar de 138 a 80 el número de legisladores. A su vez, la totalidad de las bancas se renovaría cada cuatro años.

Los beneficios que se desprenden del recorte, según enumeran en el proyecto y resaltan en las filas de Abad, son varios: una mejor representación política que permita expresar “más fácilmente la voluntad general de la ciudadanía”; mayor fluidez en el tratamiento de las leyes; ahorro en los recursos de la cámara; y una consecuente reducción del gasto público.

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Sobre esto, la teoría y la praxis, tantas veces en tensión, salen en apoyo de la reforma constitucional que propone Juntos por el Cambio, según señalan en la propuesta: “La academia y la práctica constitucional reconocen una serie de ventajas propias de los sistemas unicamerales”, se sintetiza.

En el entorno de Abad apuntan que es una “solución profunda” y que no solo está motivada por los últimos sucesos. “Los incluye, pero los excede”, explican y subrayan, al ser consultados sobre esta ausencia que el recorte de más del 40% de la estructura parlamentaria, además de agilizar los tiempos, hace “más fácil” el control de su funcionamiento.

En el texto hay una única alusión al “control” y refiere al que pueda llegar a tener la propia legislatura sobre el poder ejecutivo. “La necesidad de un cuerpo colegiado poderoso que esté en condiciones de controlar al Ejecutivo, y que no sea simple acompañante tardío de las decisiones tomadas por este”, se lee en el proyecto de ley.

Con todo, la posibilidad de modificar los artículos que atañen al sistema legislativo deja abierta una ventana para impulsar reformas que transparenten el funcionamiento del recinto. Sin embargo, el proyecto de ley, extrañamente, tal como fue presentado este viernes, apunta a modificar la sección VI de la Constitución de la provincia, es decir, el sistema judicial bonaerense, en lugar del legislativo, que se desarrolla en la sección IV de la carta magna provincial. “Declárese la necesidad de reforma parcial de los artículos contenidos en la Sección VI (Capítulos I, II, II, IV, V, VI y VII) de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires”, propone el escrito. Una confusión en la redacción del proyecto.

Al tratarse de una reforma parcial de la Constitución provincial –la vigente dictamina un modelo bicameral- y no de una simple enmienda, se debe constituir una convención reformadora y pautar con antelación los artículos que serán tratados por la misma.

“La Honorable Convención Constituyente sesionará en la ciudad de La Plata de conformidad al reglamento que ella misma sancione, comenzará a funcionar dentro de los 30 días de proclamados los Diputados Convencionales electos y tendrá un plazo de 60 (sesenta) días para dar término a su cometido”, dictamina el tercer artículo del proyecto.

Más allá del error en la letra del documento, que busca tratar capítulos que no existen en la sección VI, el oficialismo -hasta ahora el más golpeado por el escándalo de las tarjetas, dado los nexos que se conocieron entre el Frente Renovador, “Chocolate” Rigau y algunos de los titulares de las tarjetas-, apurado por la escalada de presión, se mostró predispuesto a iniciar una discusión sobre la propuesta.

“Habría que ver la letra chica, pero estamos dispuestos a dar el debate. Esto es algo que ha presentado la oposición en medio de discusiones sobre la Legislatura”, sostuvo el gobernador Axel Kicillof y aclaró: “No son discusiones nuevas ni es algo privativo de este gobierno; no es es que los episodios recientes son la única circunstancia que inspiran estas discusiones”.